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NÚMERO CERO/ EXCELSIOR

Las conclusiones de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia no logran desenredar el caso Ayotzinapa. Sus dos propósitos aún se ven lejanos de alcanzar por lagunas que persisten en la investigación y el manejo político-mediático del informe para el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural hace ocho años en Iguala. Ahora, la valoración de las familias de las víctimas sobre el informe es capital para la posibilidad de que una de las mayores tragedias del país sirva a la reconstrucción de la justicia.

La persistencia y lucha de las familias han sido clave para mantener viva la memoria de un caso que el gobierno de Peña Nieto trató de cerrar con la “verdad histórica” y que al de López Obrador también le urge resolver como prometió al llegar a la Presidencia. El imperativo de descubrir la verdad y la exigencia de justicia como condición para la no repetición de crímenes de lesa humanidad, los ha convertido en un depósito moral y un referente ético frente a la barbarie y la manipulación política. Han sido y son un valladar ante la falsedad deliberada o mediasmedidas verdades que pueden ser creíbles porque los hechos nunca son irresistiblemente ciertos sin evidencias y testigos.

Las interpretaciones de las familias son determinantes para el valor de un informe que se reconoce como el mayor esfuerzo oficial por resolver el caso. Aunque la comisión nunca haya sido independiente para colocar la perspectiva de la verdad en un lugar exterior a la política. Vale recordar que se integró por el gobierno y familiares de los estudiantes, con el objetivo de abrir un nuevo esquema de información que cambiara la relación entre el Estado y las víctimas. Participan también ONG y especialistas como el GIEI, para la asistencia técnica internacional bajo la presidencia del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

La representación de los padres ha guardado un silencio cauteloso, dado que el informe se presentó sin que lo conocieran previamente, al igual que el GIEI, que, además solicita información con posible valor probatorio al que tampoco accedió directamente para examinarlo. ¿Por qué se presentó sin la lectura previa de las víctimas cuando la comisión ofrecía un nuevo modelo de participación con ellas?

Las conclusiones les atañen directamente, en la presentación, Encinas, por primera vez, desde una voz oficial, admitió no haber indicios de que los estudiantes permanezcan con vida, ni sobre su paradero, sin esclarecer el motivo de su desaparición que atribuyó a un “crimen de Estado”. Este delito no está tipificado en la legislación mexicana, pero se habla de él como extrapolación de un crimen en el que participan diferentes niveles de gobierno en una acción concertada. Así lo planteó Encinas, pero también sin dilucidar el móvil, aunque dio lugar a girar órdenes de aprehensión contra el detenido de mayor rango de este caso, el exprocurador Jesús Murillo Karam, y un general del Ejército junto a otros 19 militares.

Murillo fue vinculado a proceso acusado de fabricar la “verdad histórica” a través de tortura y desaparición forzada, sus abogados lo rechazan como conjeturas y dichos en prensa. López Obrador le pide decir quién se lo ordenó, pero exime con la mera palabra presidencial a Peña Nieto y al general Cienfuegos de la cadena criminal. ¿Por qué? ¿Cuál es su facultad?

La acusación proyecta la imagen de confabulación criminal al gobierno de Peña Nieto y exautoridades militares de Guerrero, pero sin resolver el caso ni garantizar justicia, como han demandado las víctimas. Ante ello, el informe corre dos riesgos, aunque logre llevar a los tribunales a altos personajes del gobierno anterior. El primero, sin la satisfacción de las víctimas no se podrá cerrar el caso. Y, segundo, que el nuevo relato para derruir la narrativa anterior derive en la construcción de una nueva “verdad política” que no sirva para reparar el daño a las familias de los desaparecidos.

El trabajo de la comisión ha sido reconocido como el más serio hasta ahora para cumplir con el mandato de verdad y justicia en este crimen atroz, pero un desenlace político representaría la pérdida de una gran oportunidad para atacar el cáncer de las redes estatales y criminales detrás de Ayotzinapa para rescatar la justicia. Un fracaso que el país no puede permitirse, porque a todos nos convierte en potenciales víctimas.