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NÚMERO CERO/ EXCELSIOR

Los escándalos diarios por decisiones políticas sin lógica entre lo que se hace y se dice conducen al gobierno de la inconsecuencia. Es un tobogán construido con el cálculo de creer que las cosas hechas o dichas sin coherencia pueden pasar sin que nada ocurra cuando no atrapan la atención de la mayoría. Pero cuando la retórica de la autoridad pierde poder para explicar sus dichos e implicar en sus acciones, entonces comienza a arriesgar el vínculo con la gente. El discurso del obradorismo de la regeneración de la vida pública y el destierro de la corrupción ha nutrido el liderazgo del Presidente, pero su gobierno se debilita si esa fuerza se usa para imponer su voluntad en nombramientos diplomáticos impugnados, desestimar prácticas corruptas de funcionarios o solapar comportamientos irregulares, como el del gobernador Samuel García con la efímera adopción de una niña bajo custodia del DIF. Ninguna consecuencia de esos casos, que desecha como “politiquería”, sin que nada pase.

Pero sí pasa, la inconsecuencia compromete el capital ético y político de su gobierno cuando aplica doble rasero moral frente a situaciones escabrosas. La falta de correspondencia entre el decir y el actuar cuando estallan problemas como el financiamiento ilegal de su partido o denuncias de acoso sexual contra un académico premiado con cargo en el exterior, desvalorizan las exigencias éticas de su narrativa. Las palabras son acciones en el mundo de la política y, por lo tanto, tienen consecuencias, aunque se crea que pasan desapercibidas para la mayoría.

Dentro de esas incongruencias se hallan pasajes oscuros, como la confirmación de la sanción del Tribunal Electoral a Morena por la retención de salarios en el municipio de Texcoco, bajo la presidencia de la actual secretaria de Educación, sin consecuencia para Delfina Gómez. Sin duda, son prácticas corruptas extendidas en todos los partidos. La confirmación de que también Morena se beneficia de ellas pega en la línea del discurso presidencial, sin ofrecer explicación alguna o, peor aún, protegerla con exculpaciones que contrastan con condenas a otros gobiernos por comportamientos similares.

Se puede apelar a que el Tribunal dejó sin sanción a Delfina porque el “diezmo” no la benefició electoralmente, sino a Morena, pero eso no justifica la indulgencia política y, menos aún, su defensa como un caso injusto, a pesar de acreditarse la desviación ilegal de recursos.

No es el único caso de inconsistencia del discurso presidencial. Otros dan cuenta de la falta de correspondencia entre el decir y el hacer, por ejemplo, en los últimos nombramientos en el servicio exterior. En uso de una facultad discrecional, el Presidente desplazó a diplomáticos de carrera en favor de exgobernadores del PRI y de académicos cercanos a la 4T sin explicar la lógica de sus movimientos. Al historiador Pedro Salmerón lo sostiene para el encargo de la embajada en Panamá, a pesar de acusaciones públicas por acoso sexual, con evasivas legales como pedir denuncias penales en su contra. Tampoco logra persuadir, ni dentro de su propio círculo, con la designación de la exgobernadora de Sonora Claudia Pavlovich como cónsul en Barcelona, frente a las críticas por su papel en la investigación de la tragedia de la guardería ABC, que tanto reclamó Morena. La comprehensión es más difícil cuando los motivos son opacos. Pero la inconsecuencia vuelve a asomar cuando pasa de largo a las acusaciones contra Salmerón, al tiempo que su gobierno expide un código de ética que prohíbe piropos, bromas y contactos para inhibir el acoso. Y, en el caso de Pavlovich, cuando defiende su nombramiento por el valor de la “pluralidad” política, cuando estigmatiza a opositores de otros partidos como ejemplo de las prácticas corruptas que el suyo ofrece abatir.

A nadie se le escapa qué razones inconfesables, como la lealtad con la 4T y la casa presidencial, se asocian al nombramiento de Salmerón, mientras habla de erradicar el influyentísimo y el cuatismo. Tampoco, que en la deferencia con Pavlovich hay oscuros motivos, como dividir al PRI y sumar adhesiones para alcanzar la mayoría calificada que se requiere para la reforma eléctrica en el Congreso. Las inconsecuencias en el discurso pueden deberse a la lógica política o a la mera voluntad presidencial de imponerse, pero en ningún caso dejan de ser costosas para reserva moral de su discurso anticorrupción o contra los privilegios o su reputación en el extranjero.