Después de 94 años, la Cámara de Diputados, erigida en órgano de acusación, realizó un juicio político a Rosario Robles, ex titular de Sedesol y Sedatu por el presunto desvío de 7 mil millones de pesos de recursos públicos a través de la llamada “Estafa Maestra”.
Con la ausencia de los legisladores federales del PAN, PRI y PRD; diputados del VT y sus aliados aprobaron por mayoría el proceso de juicio político contra la ex funcionaria federal. En un hecho histórico, y en menos de dos horas, incluido un receso de 45 minutos por la irrupción de trabajadores sindicalizados de la Cámara de Diputados en el salón de sesiones.
Tras la votación a favor de 271, el pleno desahogó a favor el dictamen de la Sección Instructora que acreditó elementos que responsabilizan a la ex funcionaria en la malversación de recursos públicos, se envió al Senado para su análisis, discusión y eventual aprobación.
“Ha lugar a acusar ante el Senado de la República a la ciudadana María del Rosario Robles Berlanga o Rosario Robles Berlanga por actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, cometidos en el ejercicio de sus funciones de secretaria del Despacho durante el periodo comprendido entre el 1º de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2018”, señaló Laura Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro.
Durante los alegatos, sin la presencia de la imputada, su representante legal, el abogado Alberto Sánchez Rojas, quien acusó que desde el inicio del juicio ha sido visible “una saña inaudita” se violaron los derechos humanos que como persona y mujer le corresponden a Robles.
Y añadió el litigante, “a criterio de esta defensa, este juicio político en todo momento ha sido un atropello a los derechos humanos que como persona y como mujer le corresponden a María del Rosario Robles Berlanga, en este procedimiento se ha visto una saña inaudita en contra su persona, pasando por encima de sus derechos constitucionales y de sus compromisos en materia de derechos humanos que ha asumido México a nivel internacional. Por lo tanto, pido que quede constancia de esto en el diario de los debates y los invito a que no aprueben este atropello que se está llevando al Estado de derecho”.
En respuesta la diputada de Morena, Tatiana Clouthier una de las dos personas que solicitó el juicio político contra Robles, negó que se hayan violado los derechos humanos de la imputada.
“No se le está haciendo ni violando el derecho a una mujer, se le han violado los derechos a millones de mexicanas cuando se les quitó su registro público, no es una mujer, hablamos del bien mayor, sobre el bien menor… No hay atropello, no nos dejemos engañar, la justicia y la tarea que nos compete tiene que llevarse a cabo y no podemos pensar que, porque una mujer hace o comete ciertos delitos”, aseguró que la acusación la hizo siguiendo los principios de su padre, Manuel Clouthier.
Y agregó “mi convicción y una de las razones fundamentales por las que hoy estoy aquí como diputada es sumarme al Presidente de la República a acabar con este mal que nos ha hecho a este país y que es la corrupción, un cáncer mayor que el coronavirus”.
En su oportunidad, Pablo Gómez Álvarez, presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, señaló.
“El juicio político que se presenta ante esta tribuna tiene por objeto establecer la responsabilidad política en contra de un servidor público por actos contrarios a la ética y compromiso de servir, y no de servirse del poder, o bien por omisiones en el desempeño de su labor». dijo.
Gómez Álvarez, destacó «no nos interesa la persona, sino las funciones que desempeñaba, y el gobierno al que pertenecía, porque no son hechos aislados. Hemos tomado la Estafa Maestra porque la Auditoría Superior puso todo en claro, pero esa Estafa Maestra está presente en Pemex y en otros lados que nosotros no investigamos porque nos ceñimos estrictamente a la Constitución y a la ley. No fuimos más lejos que las denuncias presentadas y los procedimientos abiertos en la Cámara».
Al fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRI, Anilú Ingram Vallines, precisó que las violaciones van desde convocatorias con notificaciones irregulares, acuerdos o proveídos sin las suscripciones y fechas debidas, hasta actos de contravención de compromisos del país en materia internacional, ante la Comisión Interamericana sobre los Derechos Humanos.
“Las consecuencias del juicio político son la imposición de dos sanciones de carácter administrativo, como lo es la destitución e inhabilitación, solo en caso de comprobarse la responsabilidad política; sin embargo, la inculpada es una exfuncionaria que ya fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública”, recordó a los diputados presentes”.
En el salón del Pleno, concluyó con una advertencia: si quieren hacer leña del árbol caído, estoy segura que la fogata no llegará ni a una chispa. Recuerden, compañeros, ¡los carniceros de hoy, serán las reses de mañana!.