Por Miguel Gaytan, Cecilia Hdez. y Adriana Noriega R.
«Ante la acción de grupos delictivos que han aumentado su capacidad operativa, se requiere una permanente colaboración interinstitucional e internacional que permita combatirlos de manera eficaz», señaló la Procuradora General de la República (PGR), Arely Gómez González ante diputados de la Comisión de Justicia.
Durante su comparecencia, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, la funcionaria federal destacó que la aplicación firme de la ley en contra de las actividades criminales, requiere de un esfuerzo de coordinación y permanente intercambio de información que les permita mejorar constantemente la actuación de la institución que encabeza; luego de esto se refirió a la fuga de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo Guzmán”.
«Aprovecho la ocasión para referirme a una de las investigaciones que ocupa la atención de la opinión pública desde hace meses, es la relacionada con la fuga registrada en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, ´Altiplano´. Hasta el momento se han consignado y obtenido auto de formal prisión en contra de 29 personas. Estas acciones se encuentran respaldadas por 242 pruebas científicas y peritajes, en 18 especialidades, como criminalística de campo, informática, telecomunicaciones y genética».
Gómez González, reiteró que la lucha contra la delincuencia organizada requiere de estrategias que garanticen un combate integral, pero también «es necesario afectar las estructuras financieras de las organizaciones criminales; su capacidad económica les da también capacidad operativa y les permite corromper e incluso penetrar las estructuras institucionales dedicadas a combatir el delito».
Y ejemplifico, «en el caso del grupo delictivo que dirige Joaquín Guzmán Loera, se ha avanzado en el desmantelamiento de su estructura financiera y de operación, la cual comprende inmuebles, vehículos, aeronaves y pistas de aterrizaje. Esta dinámica de trabajo es una directriz para atacar los apoyos logísticos que se dan a las organizaciones criminales, misma que se aplica en éste y todos los casos en manos de la Procuraduría».
Con estas acciones, afirmó la titular de la PGR, se avanza en la ruta correcta y subrayó «por convicción institucional y exigencia legal, les arrebataremos todos los objetos, productos e instrumentos del delito con los que cuentan para llevar a cabo sus actividades delictivas».
En el caso Iguala, Gómez González, sostuvo que la PGR ha sometido a escrutinio su trabajo para dar transparencia a todas sus actuaciones y de esta manera dar certidumbre y confianza a las familias.
“Las hipótesis dependen de indicios o de pruebas confirmadas. Tratándose de una investigación abierta no hay posturas inamovibles, sino que se desarrollan en el curso de la propia investigación. De ahí, que se hayan incorporado al expediente del caso diversas observaciones y elementos que son necesarios para su desarrollo. Muchos de ellos han surgido de la relación de coadyuvancia técnica establecida con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, apuntó.
Por otra parte, informó que a la fecha, se tienen vigentes 114 tratados internacionales con 43 países y 23 acuerdos con 15 naciones, para el intercambio de información y colaboración dentro del marco soberano que nos da la Constitución.
En materia de extradición, en el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2014 al 31 de agosto del presente año, México ha entregado a 50 personas reclamadas por la justicia de diferentes países por delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, “lavado de dinero”, homicidio y trata de personas, entre otros.
«Hemos fortalecido y perfeccionado los esquemas de colaboración con las instituciones de Procuración de Justicia del país, a través de las Conferencias Regionales y Nacional de Procuración de Justicia, de modo que hoy se cuenta con protocolos de actuación homologados entre procuradurías y fiscalías, para indagar diversos delitos».