Aunque a finales de 2024 la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional en materia de bienestar y cuidado animal, la creación de una ley que aterrice dichos cambios “va muy estancada”, debido entre otros elementos a la falta de un acuerdo político entre Morena y el PVEM, lamentó la directora de la organización civil Igualdad Animal, Dulce Ramírez.
La activista señaló que ya hay un predictamen al respecto, pero ninguna de las dos cámaras del Congreso ha avanzado en la aprobación de la norma, por lo que el colectivo que encabeza buscará tener mesas de trabajo sobre el tema con la Secretaría de Gobernación, y sigue impulsando una campaña para lograr que se concrete la mencionada ley.
“En Igualdad Animal estamos evidenciando que ni la Cámara de Diputados ni el Senado tienen una ruta clara para expedir la primera Ley General de Bienestar y Cuidado Animal. Los partidos que en algún momento abanderaron esta causa, como el Verde, y que presiden la Comisión de Medio Ambiente, no se han comprometido a sacar este trabajo”, denunció.
Ramírez recordó que “ya hay un predictamen en las comisiones de Medio Ambiente de ambas cámaras, y no sabemos qué está deteniendo su proceso de discusión y análisis. Se esperaba que el Ejecutivo enviara una propuesta, que sería trabajada por la Secretaría de Medio Ambiente y la Consejería Jurídica de la Presidencia, y tampoco hay nada”.
La especialista recordó que la enmienda constitucional de 2024 contemplaba incluir en la ley a los animales destinados para consumo humano, para garantizar su cuidado durante la crianza, transporte y matanza, pero algunas organizaciones de ganadería y avicultura industrial se niegan a contemplarlos, “y eso es algo que no podemos permitir”.
Entre los “grandes opositores a la iniciativa de ley”, afirmó, están la Unión Nacional de Avicultores y la Federación Canófila Mexicana, entre otros sectores “que lucran con los animales y ven esta norma como un riesgo para sus actividades”, aunque también hay sectores de la academia que se resisten, por sostener prácticas quirúrgicas como la vivisección.
Tras considerar “una vergüenza” que el país no cuente todavía con dicha ley, pese a haber concretado ya una reforma constitucional en la materia, Ramírez añadió que “una Ley General no es una amenaza para las legislaciones estatales. Al contrario, puede fortalecerlas al ordenar competencias y establecer bases comunes”.
Con información del periódico LA JORNADA