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NÚMERO CERO/ EXCELSIOR

El colapso de la Línea 12 del Metro es uno de los escenarios de la disputa política de una sucesión adelantada, en el que las víctimas aparecen entre telones de una tragedia que convulsionó al país. La responsabilidad del siniestro se litiga en medios antes de llegar a tribunales, como estrategia para cuidar la imagen de presidenciables que podrían descarrilar, como el tramo elevado que cayó sobre un centenar de personas y mató a 26 de ellas. Las acusaciones recorren a tres gobiernos de la CDMX, pero la investigación de la Fiscalía coloca la carga de la prueba del peritaje en la administración de Marcelo Ebrard en la capital.

La batalla será larga y acompañará al descarte de las “taparroscas” que destapó López Obrador para sucederlo, por la convergencia de una justicia lenta y el compás de espera de los tiempos políticos de la sucesión de 2024. Aunque el control lo tiene Claudia Sheinbaum, a la que el Presidente puso en sus manos la investigación, primero, con un perito independiente noruego, DNV, y después en la Fiscalía capitalina. Someter a juicio la conducta de los políticos para procesar a un cargo público nunca ha sido el fuerte de jueces, poco capaces de controlar jurídicamente el poder y que, por el contrario, se prestan o se usan para el golpeteo político.

La Fiscalía capitalina abrió fuego esta semana con acusaciones directas de homicidio por la responsabilidad del percance contra 10 funcionarios del Proyecto Metro, que en el gobierno de Ebrard se encargó de supervisar la obra bajo la dirección de Enrique Horcasitas, aunque aún no hay órdenes de aprehensión. Los citó a comparecer el 25 de noviembre, tras revelar su informe del peritaje, en el que concluye que el desplome se debió a pésimas prácticas constructivas que originaron fallas estructurales. Las acusaciones se dirigen también contra el consorcio de constructoras de la obra, que ya han ganado juicios por demandas a pasadas administraciones. Precisamente eso recordó Ebrard para advertir que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, aunque la Fiscalía asegura que hay cargos diferentes por la supervisión de la obra. Al defenderse, se deslindó de ellos: “El jefe de Gobierno es muy difícil que supervise la soldadura de los pernos”.

La acusación camina con pies de plomo porque la Fiscalía confía, por un lado, en tener la prueba reina de la “evidencia” del peritaje y, por el otro, sabe del riesgo difícil de evitar que los fines políticos comprometan el proceso cuando el gobierno de Sheinbaum es juez y parte de la investigación, aunque, hasta ahora, ha salido ilesa. El contraataque de la defensa precisamente se encamina contra los extitulares del Metro con Mancera, Jorge Gaviño, y de la actual administración, Florencia Serranía, y contra la fiscal, Ernestina Godoy, a la que acusan de encubrimiento del actual gobierno de la CDMX. Argumenta que estaban notificadas de los riesgos del colapso por los daños de los sismos de 2017 en la estructura y no hicieron nada.

La defensa salió ya a litigar en medios antes de conocer el expediente, al que dice no tener acceso. La batalla en la opinión pública es por evitar que el proceso ensucie la imagen de Ebrard y de Sheinbaum como punteros de la sucesión, por eso su necesidad de basar el enjuiciamiento en razones jurídicas y no políticas, aunque se antoje difícil. Hasta el Presidente abona a la politización porque —como dijo— “se quedaron con las ganas de que la Fiscalía haga juicio a Ebrard”. Desde un principio, López Obrador entró al rescate de sus suspirantes y arregló con Slim el pago de la reparación de la obra, aunque, con el proceso en curso, no debía sentir una cobertura segura.

Quienes tampoco sienten garantías sobre la sanción a los responsables y la reparación del daño son las víctimas. Están en un segundo plano, a la espera de una oportunidad para lograr un acuerdo con los acusados, pues en junio pasado fue desechada una demanda colectiva para exigir una indemnización de 6 millones de pesos por cada una. Y al resto de los capitalinos les queda la promesa de que el Metro vuelva a funcionar en un año, como dijo López Obrador, “de eso yo me encargo”, como confirmación del papel central que ha jugado para resolver y limpiar todo este caso.