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El baile de nombres es constante.

Pero no hay destino cierto para saber hacia dónde va la investigación de la Fiscalía capitalina para esclarecer a fondo lo sucedido en la Línea 12.

La mayoría de señalamientos apuntan hacia Marcelo Ebrard, hoy canciller y quien estuvo al frente de la obra desde la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.

Otros mencionan a Mario Delgado, actual presidente de Morena y quien como secretario de Finanzas autorizó los pagos.

Pero empiezan a dominar los señalamientos contra el Gobierno siguiente, el de Miguel Mancera, por haber aceptado la obra sin atender recomendaciones.

También a Joel Ortega, quien como director del Metro fue el encargado de recibir -y firmar- la entrega del sistema en 2012.

Antes de detallar cómo pueden dar un sesgo político las investigaciones y la responsabilidad penal, vale la pena hacer una precisión:

Si acaso alguna línea llegara a tocar a Ebrard y a Delgado, será para mantenerlos a distancia en decisiones y ambiciones sucesorias.

EL MANUAL IGNORADO

La indagatoria avanza entre jugadas de distracción.

El interés general está centrado en el siguiente informe de la empresa noruega DNV sobre el desplome del 3 de mayo, con saldo hasta ahora de 26 muertos y más de 100 heridos.

Dos de éstos siguen todavía hospitalizados.

Otro operativo, iniciado con Carlos Slim, está encaminado a consolar a la población con arreglos en Palacio Nacional: las empresas constructoras absorberán las obras de reparación.

No costarán al erario, se dirá para reducir el costo político.

Y mientras, la fiscal Ernestina Godoy ha recibido una denuncia donde se intenta responsabilizar a Miguel Mancera y a su sucesor José Ramón Amieva.

El punto de apoyo es el Manual de Mantenimiento del Metro, donde se señala la necesidad de hacer grandes inversiones.

También se asienta:

Dicho Manual “no fue publicado -como debió hacerse- ni entregado en 2018” a la actual administración capitalina.

¿Ya entendió por dónde puede ir la cosa?

LAS MALAS RELACIONES

1.- Las malas relaciones personales escalaron ayer.

Todo al interior de Morena.

Un grupo de personas, supuestos trabajadores del Senado de la República, bloquearon la sede de ese cuerpo legislativo.

En realidad no laboran ahí, dijo la dirigente sindical Bertha Orozco, y los manifestantes llegaron en unidades de una ruta urbana.

Un dirigente de los inconformes, identificado como Mauricio González, culpó a la diputada Araceli Ocampo Manzanares.

Según legisladores, los asuntos urbanos se atienden en otro lado, en la Plaza de la Constitución, a donde recién llegó Martí Batres como secretario de Gobierno.

Y 2.- Ese problema no impidió las negociaciones para avanzar en temas pendientes.

El principal es sin duda el desafuero del diputado morenista Saúl Huerta y el petista Mauricio Toledo, el primero acusado de abuso de un menor y el segundo de enriquecimiento ilícito.

El tema fue destrabado por el jefe del control político del Senado, Ricardo Monreal, quien el lunes confrontó al subsecretario Alejandro Encinas.

Este criticó al Congreso por excluir ese tema del extraordinario porque impulsa la impunidad y el zacatecano fue tajante: “No le acepto su reclamo”.

Prometió no dar carpetazo y no lo habrá.