Número Cero/ Excelsior
Tanto empresarios como gobernadores son clave para cumplir con su ofrecimiento de atacar privilegios y corrupción. El acercamiento institucional con la patronal es positivo por ayudar a la distensión tras el choque con los que llamó “minoría rapaz”.
La interrogante que persigue a López Obrador tras conocer el mensaje de las urnas es ¿cómo va a poder responder a la abrumadora demanda de cambio? La actividad vertiginosa como virtual Presidente electo refleja la convicción de saberse obligado a definir las líneas de su futuro gobierno y dar resultados rápido. Las expectativas son equivalentes al riesgo de frustración, principalmente en dos promesas que marcaron su ascenso en el voto: pacificación y anticorrupción.
En sus primeros pasos ha sabido distinguir prioridades y urgencias. Festejó con un llamado a la reconciliación después del encono de la campaña y envió un mensaje de tranquilidad a los mercados para conjurar turbulencias financieras. Se encontró con la cúpula empresarial, con la que la mayor confrontación tuvo en la campaña; y ahora lo hará con los gobernadores, entre los que puede encontrar más oposición. Y convocó una consulta para su propuesta de ley de amnistía y pacificación que deberá llevar al Congreso y pactar porque no podrá hacer reformas constitucionales en solitario.
Tanto empresarios como gobernadores son clave para cumplir con su ofrecimiento de atacar privilegios y corrupción. El acercamiento institucional con la patronal es positivo por ayudar a la distensión tras el choque con los que llamó “minoría rapaz”, tras la ofensiva en su contra en la campaña. La prudencia es valor político para recomponer la relación con este actor económico, aunque pronto puede chocar con la exigencia de cambio de las viejas formas del contubernio de los negocios y el poder. La reconciliación implica cambiar el trato de excepción de obligaciones o ventajas de exclusividad de su relación con el mandatario de turno si realmente tiene la voluntad de atacar la corrupción y el tráfico de influencias.
Las posiciones empresariales no son homogéneas. El líder de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo que “no busca afectos ni cercanías” y defendió reformas del gobierno de Enrique Peña Nieto, laboral, educativa y energética. En cambio, sus mayores detractores en la patronal reaccionaron con la vieja cargada para mantener el favor del Palacio y asegurarse la permanencia del estado de cosas que los privilegia.
Los gobernadores, otro factor de poder que reaccionó con diligencia, han sido protagonistas de los mayores escándalos por corrupción de los últimos tiempos. En campaña, López Obrador advirtió que eliminaría los “moches” de fondos federales opacos a los estados, que los gobernadores manejan con discrecionalidad y sin rendir cuentas. ¿Aprovechará la reunión que le pidió la Conago para comenzar a cambiar las reglas de juego con los estados o cederá al statu quo para asegurar estabilidad?
“Se acabará la corrupción, me canso ganso”, reiteró sobre su principal objetivo, pero más allá de declaraciones generales, la prueba del ácido será saber qué hará cuando reciba en la mesa la investigación de Odebrecht, la Estafa Maestra, la Cuenta Pública de los últimos ejercicios y la información que comprometa a gobernadores en casos de corrupción.
A pesar del abrumador triunfo, 27 gubernaturas permanecen en manos de la oposición, aunque en 22 habrá mayores contrapesos por la mayoría de Morena en Congresos locales. Pero hay interrogantes sobre la frontera del “borrón y cuenta nueva” para casos de corrupción anteriores a su gobierno y hasta dónde incluye su compromiso de no perseguir delitos que aún están bajo investigación.
¿Hasta dónde usará el bono democrático para responder a la voluntad de cambio?, es otra pregunta que se hacen organizaciones civiles frente a su rechazo a una reforma constitucional para la autonomía de la nueva Fiscalía General. En este punto, López Obrador se decanta por mantener las cosas y los procedimientos existentes, como retener al nuevo fiscal bajo su control y nombrar también al fiscal Anticorrupción. Es decir, su posición respecto de las instituciones para investigar y perseguir la corrupción es mantener el statu quo, aunque deberá aclarar entonces por dónde vendrá el cambio para su principal promesa de campaña y un problema con el que ningún gobierno ha logrado acabar.