Aun cuando los cambios al sistema tributario mexicano han tenido resultados favorables, ya que se incrementó su eficiencia y eficacia, e incluso mostró avance en la equidad, las pérdidas de recursos por acciones de evasión vulneran la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas, señala el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados.
A través de su estudio “El pago de impuestos y la evasión fiscal en México”, el órgano interno de la Cámara baja se pronunció por impulsar una política encaminada a ampliar la base de contribuyentes, disminuir la evasión y elusión, revisar las acciones tributarias de regímenes especiales, además de crear medidas de seguridad y certeza jurídica para la autoridad y contribuyentes.
En el documento refiere que hasta antes de 2014, las fuentes de ingresos mostraron tendencia a la baja, debido, en gran medida, a la magnitud de la informalidad de las actividades económicas, las diversas formas de beneficios fiscales y los altos índices de evasión, lo cual originaba que las finanzas fueran altamente dependientes de la actividad petrolera, y que los ingresos oscilaran según la volatilidad del precio del petróleo.
A partir de 2015, con las reformas energética y la hacendaria, el Estado buscó aumentar su capacidad financiera con ingresos estables y permanentes, mediante una estructura impositiva equitativa que permitiera mejorar la distribución de la carga fiscal y reducir la dependencia de los ingresos petroleros. Durante este periodo, los ingresos petroleros representaron, en promedio, el 18 por ciento del total de los de origen presupuestario.
Puntualizó que después de 2010 y, particularmente, tras la implantación de la reforma fiscal de 2014, la tasa de evasión se redujo del 37.1 al 16.1 por ciento en 2016.
Esta caída se debe, particularmente, al aumento de sanciones aplicadas por defraudación fiscal y por los cambios realizados en materia de los impuestos Sobre la Renta (ISR), al Valor Agregado (IVA) y el Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que fortalecieron el sistema tributario y, por ende, redujeron los niveles de evasión.
Además, expone que entre 2010 y 2018 la facturación creció en 31.8 por ciento anual. Pasó de 760.3 millones de facturas a seis mil 928 millones, lo que muestra la eficiencia de la implantación del Comprobante Federal Digital en la formalización de la recaudación, pues está en línea con el crecimiento de los ingresos tributarios.
Entre 2011 y 2013 las declaraciones anuales tuvieron inclinación a la baja, producto de la complejidad del proceso y los bajos incentivos a realizarla, lo que redujo esta actividad en un millón 417 mil 577 declaraciones, en esos dos años.
A partir de 2014, tras la reforma hacendaria, mejoró el sistema de declaración anual, con la incorporación del portal de Internet y las automáticas, que facilitaron el mecanismo de fiscalización, basándose en la información recabada a través de los Comprobantes Fiscales Digitales.
Lo anterior, sumado al incremento en devoluciones y deducciones por pago de transporte escolar, colegiatura y gastos funerarios, médicos y dentales, incentivó el manejo de las declaraciones anuales, que creció a una tasa media anual de 12.5 por ciento, y llegó a nueve millones 56 mil 678 declaraciones, en 2018, cuatro millones 32 mil 87 más que en 2013.