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Número cero/ EXCELSIOR

El asalto violento a la embajada mexicana en Ecuador es un error garrafal del presidente Daniel Noboa porque arrastra a su país al desprestigio internacional. Sobre todo peligroso por la irrupción de liderazgos y voces políticas de AL que, comenzando por algunas mexicanas, justifican la violación con una crítica a la política de asilo en una región donde es cada vez más recurrente la guerra jurídica para derrocar y perseguir adversarios.

A pesar de la condena casi unánime de la comunidad de estados y organismos americanos, ni siquiera es claro que el mandatario caiga en cuenta del tamaño de la falta, menos de corregir el error. La crisis diplomática desvela los riesgos de liderazgos políticos sin trayectoria ni experiencia, que alcanzan el poder con un discurso conservador y salvífico para enfrentar el avance de proyectos de izquierda. Su mayor mérito es ser heredero en tercera generación de la fortuna bananera más grande de ese país; y el mayor demérito tomar como afrenta personal declaraciones que descalifiquen su triunfo o rebajen su popularidad, a lo que parece responder el golpe diplomático.

La crisis con México sucede la víspera de una consulta que él convocó este 21 de abril para tomar pulso de su popularidad de cara a la elección presidencial de febrero próximo, en que busca reelegirse. En efecto, el presidente más joven y desconocido de Ecuador sólo gobernará 16 meses, lo que quedaba al periodo presidencial de Guillermo Lasso cuando disolvió el Congreso y convocó a las urnas para burlar un juicio político. Su triunfo se explica por la desesperación de un país antes en paz y hoy azolado por el crimen, junto con una coalición de poder contra el ascenso de la izquierda liderada por el expresidente Correa; cuya candidata se desplomó tras el asesinato de Fernando Villavicencio y ello favoreció a Noboa.

El asunto pudo quedarse en un affaire bilateral y solucionarse pacíficamente, pero ha derivado en una situación grave en el ámbito regional por sentar un precedente peligroso y las reacciones que suscita. López Obrador mostró videos del maltrato y uso de fuerza de la policía ecuatoriana en la irrupción a la embajada para detener al exvicepresidente Jorge Glas tras concederle asilo político, lo que hizo explotar a Noboa y correr a la embajadora mexicana por declaraciones suyas sobre las pasadas elecciones. EU y Canadá reprobaron el asalto al conocer la flagrante violación de la inmunidad diplomática. Pero expresidentes latinoamericanos y de España del grupo conservador Idea (incluidos Calderón y Fox), junto con corrientes afines en la opinión pública, han criticado la decisión mexicana y el “deterioro” de la política de asilo en AL, en velado respaldo a la defensa ecuatoriana sobre su uso para proteger a un delincuente y evadir la justicia. Pero su alegato contra López Obrador por injerencismo no tienen cabida para justificar violentar una convención internacional so pretexto de una ley nacional ni acuerdos regionales sobre corrupción. Por el contrario, su petición de revisar las leyes de asilo abona a los temores y la presunción de que el asunto se inscribe en la polarización política, confrontación ideológica y los golpes blandos con la ley cada vez más usuales en la región para tumbar gobiernos y encarcelar opositores. Gran parte de la izquierda ecuatoriana está fuera del país, principalmente en México, comenzando por el expresidente Correa, asilado en Bélgica.

Las experiencias sobre el uso de jueces y fiscales para perseguir opositores y deponer gobiernos son cada vez más recurrentes en la región, como es el caso de Dilma Rousseff, Evo Morales o Zelaya. Por eso es peligrosa la argumentación para comprometer la negativa de asilo si hay acusaciones de corrupción de fiscales o jueces del país, cuando la decisión corresponde a la nación que lo otorga. Evidentemente, eso llevaría a debilitar esa protección, no ha actualizarla, como eufemísticamente pide el grupo Idea y las voces que responsabilizan a México de la crisis con la crítica de usar el asilo con fines políticos.

Atinadamente, la OEA ha salido a desmontar esas ideas con una condena enérgica del asalto, que sólo agrava la falta de seguridad política en la región. Ninguna ley interior puede servir de pretexto para violar una sede diplomática y tampoco conculcar el derecho internacional al asilo político, porque rompería con las escasas reglas para resolver guerras en AL y el mundo.