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NÚMERO CERO/ EXCELSIOR

La entrada de los militares a la escena política altera los equilibrios del sistema. Su presencia por la vía de la seguridad pública ya no puede seguir invocándose como una situación provisional mientras el mundo de la política la defiende como la solución a la violencia. Las últimas reformas a la Guardia Nacional y ahora para la permanencia del Ejército en las calles hasta 2028 implican la capitulación de los gobiernos civiles al grito patriótico “con el narco o el Ejército”, en un callejón sin salida para el Estado mexicano.

¿Realmente no había otra opción para las autoridades civiles?, como defiende el presidente López Obrador para redoblar la apuesta por el Ejército como el camino para recuperar la paz. Incluso al costo de recular en su compromiso de devolverlos a los cuarteles en 2024, tal cual había pactado con la oposición en el Congreso para la aprobación de una GN con mando civil en 2019. En el país, la militarización avanza desde hace 16 años por la política de hechos consumados sin que ningún gobierno intentara reconocer ni alterar esa realidad. El actual tampoco, al contrario, más que ninguno abre la puerta a la reconfiguración del poder con un nuevo actor en una decisión de incalculables consecuencias.

lo justifica para evitar que se trunquen los avances contra el crimen si la GN se corrompe como la Policía Federal y caer al vacío si sale de las calles. El argumento lo respaldan gobernadores de Morena y algunos de oposición, así como diputados del PRI alineados con la postura oficial, pero sin explicar por qué esta solución tampoco ha dado resultados. Menos aún sin debatir el costo de dejar otra vez en la cuneta a las instituciones civiles que estaban llamadas a retomar sus responsabilidades mejor preparadas. Otra vez fallaron. Los militares tendrían en sus manos más de 146,000 mdp en 2023, mientras el monto de seguridad pública se reducirá un tercio.

El Ejército es hoy la institución más poderosa en el país. Pero como señaló a los diputados el secretario Luis Cresencio Sandoval para presionar su voto, lleva años exigiendo un marco que legalice su presencia en la seguridad. Ahora van camino a regularizarse, aunque con una legalidad frágil porque adscribir la GN a la Sedena choca con la Constitución y la Corte deberá pronunciarse. También avanza en el Congreso otra reforma militar que a su paso ha acabado por fragmentar a la oposición, que aún podría frenarse en el Senado con la división en el PRI.

Ya se verá si Morena logra ahí la mayoría calificada para sacarla adelante, pero desde ahora lo más trascedente es la apertura mostrada por el Presidente para incorporarlos como un actor que ya se comporta como representante político de pleno derecho. Al calor del debate, Sandoval ataca a la oposición de sesgada si rechaza la militarización, como si formara parte del nuevo libreto de la discusión de los asuntos públicos. Abona a la polarización. Difícil que fuera de otra forma si las reformas los colocan en la primera fila del juego de la sucesión y su presencia transexenal comprometería al próximo gobierno.

El choque sobre la militarización, como expresa el grito “con el narco o el Ejército” del líder priista en el Congreso, Rubén Moreira, tiene hondas repercusiones en la relación con las FA. Desde 1946 dejaron de ser un factor determinante de la política, aunque conservaron autonomía y fueros aun con la democratización. La “guerra contra el narco” de Calderón les abrió una puerta para reposicionarse frente a autoridades civiles incapaces de modernizar las policías y los tribunales ni atacar la corrupción o controlar el crimen. Además, con el actual gobierno han tomado el control operativo de una veintena de funciones estatales estratégicas: aduanas, operación de programas sociales, infraestructura civil y de los proyectos emblemáticos del sexenio como el aeropuerto, Dos Bocas o el Tren Maya. Tienen el mayor monto de recursos de su historia.

Lo que vemos es otro paso más de la capitulación silenciosa de los gobiernos civiles, para los que parece que ha resultado más fácil echar mano del Ejército que cumplir con sus responsabilidades, aunque eso implique tener que compartir el poder político.