Al señalar que el sistema penitenciario, es parte fundamental en las estrategias de seguridad pública, integrantes de la a Comisión Permanente (CPP) del Congreso de la Unión, solicita al Gobierno Federal como a las autoridades de las entidades federativas que se coordinen en la implementación de políticas públicas para mejorar la operación de esos centros de reclusión en el país.
En el dictamen aprobado, destacan “la reinserción social puede darse únicamente cuando se cuenta con un marco normativo adecuado, una situación que atiende el tema de los recursos humanos en las prisiones a la altura de su misión y con las instalaciones que garanticen permanentemente la seguridad de las personas”.
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 375 centros de reclusión albergan 216 mil 831 personas privadas de la libertad, distribuidas en 278 cárceles estatales y 17 federales; 13 dependen del Gobierno de la Ciudad de México y 67 municipales.
Según el reporte, publicado en la Gaceta Parlamentaria del Comisión Permanente, el pasado 17 de mayo, la capacidad instalada total es para 212 mil 144 personas, por lo que existe una sobrepoblación relativa de cuatro mil 687 personas.
En el documento, también se destacan algunos acontecimientos que se han registrado en los centros de reclusión, como el ocurrido el 11 de febrero de 2016 cuando se suscitó un motín en el penal de Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León, con resultado de 49 muertos y 12 heridos.
Los legisladores subrayaron la importancia de, aquellos sujetos que han sido participes de hechos socialmente nocivos que puedan desarrollar capacidades y actitudes, aprender un oficio y trabajar; y con ello se dé su proceso de reinserción social.