El aniquilamiento es lo que se les espera a más de 18 mil escuelas a nivel nacional, si el gobierno federal, a través de la secretaria de Economía aplica a las instituciones particulares de educación de la Norma Oficial Mexicana NOM 237, con la cual se busca regular los servicios que brindan esos centros particulares para evitar que abusen o efectúen cobros excesivos sin aparente justificación.
En conferencia de prensa, representantes de las instituciones particulares de educación de la Alianza de Colegios Multiculturales de México (ACOMM), Alianza para la Educación Superior (ALPES), Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANFE – ANEP), Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares Incorporadas a la SEP (ANEPPI), Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP), así como la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), advierten sobre la ilegalidad de las misma, pero también graves consecuencias económicas para las finanzas del gobierno federal y alumnos que estudian en esas escuelas particulares. Consecuencias el propio Estado Mexicano será incapaz de resolver en el corto y mediano plazos.
Así lo explica José Rogelio Varela de la Alianza de Colegios Multiculturales de México, “si tomamos como referencia 18 mil escuelas con un promedio mínimo de 35 alumnos, la cantidad de niños y adolescentes que se quedarían sin poder continuar con sus estudios sería de 630 mil. Si a ellos se les cobra un promedio de 1,200 pesos mensuales, las instituciones particulares dejarían de recibir al año 9 mil 72 millones de pesos, lo que implicará el cierre del empleo para 54 mil docentes al computar a 3 por escuela, más el director o directora, una persona de intendencia y un empleo indirecto de contador, tienda escolar u otro servicio, tomado en ½ empleo, lo que nos daría la cifra de 99 mil empleos afectados”.
Además, los gobiernos estatales dejarían de recaudar 207 millones 900 mil pesos por concepto de impuesto sobre nómina y otros accesorios; el Gobierno Federal dejaría de percibir 277 millones 992 pesos de Impuesto Sobre la Renta, mientras el Instituto Mexicano del Seguro Social dejaría de contar con mil 771 millones 729 mil 740 pesos. A su vez, el Infonavit dejaría de recibir 415 millones 800 mil pesos.
Estas sumas implican un impacto anual en contribuciones de 2 mil 465 millones 521 mil 740 pesos, que se sumarían al millón 575 mil alumnos dejarían de percibir sus becas de 40 por ciento que ofrecen las escuelas particulares a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
A su vez, Luis Arturo Solís Bravo, titular de la Unión Nacional de Padres de Familia, lamenta que sean los tutores y padres quienes al final absorban esa carga económica; además provocará una mayor demanda de espacios en el sistema público de educación y será una presión para que el Estado Mexicano pueda cumplir con su obligación y, sobre todo, que en estos momentos le sería realmente imposible atenderla.
Con esta decisión, sería un duro golpe a la educación de calidad en el país y afectaría la libertad de los padres de familia de optar por una alternativa de educación para sus hijos.