NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
La seguridad y la justicia en el país son como secciones de un buque que pueden aislarse una de otra cuando alguna hace agua. La gran reforma de derechos humanos de 2009 o la mayor transformación del nuevo sistema penal ahora tendrán que convivir con la Ley de Seguridad Interior (LSI) que, de ratificar el Senado, significará dar carta de naturalización a la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen. Una operación difícil de armonizar entre el ámbito militar y el mundo civil, cuyo mayor riesgo es funcionar sin compatibilidad entre el uso de la fuerza y el respeto a las garantías civiles como las escotillas de los compartimentos, estanco de los barcos.
Otra vez, soluciones parciales a problemas periclitados por falta de cambios en las instituciones de justicia y las policías. Nuevamente, reacciones de coyuntura ante el año “rojo” de 2017 por la mayor tasa de homicidios en 20 años y el temor por los costos políticos del fracaso en seguridad en las elecciones de 2018. Y, sobre todo, una solución largamente ensayada en la última década de presencia militar en la calle contra el narco, sin resultados positivos en violencia e inseguridad. Tampoco en la mejora de fiscalías, ministerios públicos y policías estatales y municipales, que suplirían mientras se reforman y capacitan para cumplir con sus funciones de seguridad pública. No ha sucedido y el esquema esquizofrénico militar/civil retardará aún más.
El debate sobre el modelo de seguridad y justicia no es nuevo, pero sigue sin consenso sobre la reforma policiaca y el compromiso con la penal, también en más de una década. México tiene cada vez menos consensos sobre su futuro, que en seguridad y justicia se agravarán por una operación casi esquizofrénica entre el mundo civil y militar. La polémica LSI, que se discute con otros nombres desde hace años, finalmente fue aprobada en la Cámara de Diputados después de que el Presidente la reclamara como “imprescindible” por la cobertura que ofrece a las Fuerzas Armadas y sus acciones en seguridad pública en su gobierno. Se aprobó en votación exprés con 248 a favor del PRI y el PVEM, incluidos panistas y perredistas, 115 en contra y 48 abstenciones; y en medio de advertencias de la CNDH y organizaciones civiles sobre inconstitucionalidad y la violación de convenciones internacionales, que tampoco la detendrán en el Senado. El voto dividido refleja también divisiones al interior del PRD y, sobre todo, del PAN, donde se impusieron los gobernadores sobre el rechazo que anunciara su presidente, Ricardo Anaya.
El mayor problema de la LSI es que, en la práctica, entrará en colisión con la operación de la reforma penal, cuando está lejos de consolidarse e incluso, a un año de entrar en vigor, los gobernadores la tienen en la picota por los costos políticos de su implementación. Chocarán, primero, porque los militares se preparan para la guerra, no para detener delincuentes, sin atenerse a garantías como el debido proceso y atención a las víctimas. Es común que los militares detengan y entreguen a presuntos delincuentes a la policía sin observar protocolos e incluso se extralimiten en el uso de la fuerza o recursos extrajudiciales como ocurrió en Tlatlaya o Tanguato. Segundo, y más importante, porque actuarán sin que los civiles dejen de tener la responsabilidad de la seguridad pública, pero sin competencias y fuero para controlar su actuación. Los vacíos de responsabilidades serán terreno fértil para la impunidad y abusos.
La ley otorga al Presidente la facultad de ordenar acciones inmediatas de las FA en situaciones de peligro para las instituciones, pero sin el contrapeso del Congreso como en la declaratoria de estado de excepción del artículo 29 constitucional. Es decir, podrá decretar la suspensión de garantías sin necesidad de rendición de cuentas y por un tiempo prorrogable, mientras las reformas civiles siguen haciendo agua en el compartimento de junto por el fracaso de las instituciones de seguridad y justicia.