Cecilia Hdez. y Adriana Noriega R.-
Al presentar el informe anual de actividades 2015, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, dijo que nuestro país tiene las instituciones y el marco legal necesario para que las violaciones a la dignidad humana puedan ser investigadas, los responsables sancionados y el daño reparado.
En el salón verde, donde se lleva a cabo la sesión de la Comisión Política Permanente, agregó que el reto de todas las autoridades es sujetar su conducta al cumplimiento de la ley y el respeto y vigencia de los derechos fundamentales de las personas.
Ante los integrantes de la CPP, aseguró que el desafío de la CNDH y de los organismos locales de protección y defensa de derechos humanos es fortalecer la credibilidad y confianza de la sociedad mexicana en el sistema de protección no jurisdiccional de los mismos.
“Que nos ofrece la posibilidad de optar porque se preserve el estado actual de cosas o se asuma un compromiso de cambio que, tendiendo como eje el respeto y vigencia de los derechos humanos, fortalezca y consolide nuestro Estado Democrático y Social de Derecho, abatiendo la impunidad, la corrupción, simulación y demás vicios y prácticas que debemos desterrar, de una vez por todas, de nuestra realidad como país”. E insistió «vuelvo a reiterar que la defensa y protección de los derechos humanos no es algo que pueda esperar o estar sujeta a tiempos o interés políticos o de cualquier otra naturaleza, así como tampoco regirse por parámetros diversos a la búsqueda de la verdad y la efectiva vigencia y aplicacón de la ley».
Dijo a los legisladores que la formulación de leyes pertinentes y debidas, así como su aplicación efectiva, no es algo que se pueda o deba negociar, ni puede ser materia de transacción o moneda de cambio entre intereses de ninguna índole. “El Poder Legislativo, tanto a nivel federal como local –agregó—, tiene la capacidad de incidir de manera positiva en el ámbito de los derechos humanos de nuestro país”.
“Son asignaturas pendientes, entre otras –explicó—, la emisión de las leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada; las leyes reglamentarias de los artículos 29 y 33 Constitucionales; la armonización normativa para que el matrimonio igualitario sea una realidad en todo el país, así como para que los organismos de derechos humanos sean efectivamente autónomos y gocen de los recursos y capacidades necesarias para el desempeño de sus funciones”.
El Ombudsman nacional puntualizó que si el Caso Iguala nos indigna y moviliza ante la barbarie generada por la colusión entre algunas autoridades y el crimen organizado, lo ocurrido en Tierra Blanca hace cuestionarnos sobre nuestra capacidad para aprender del pasado y si efectivamente queremos y podemos superar nuestras deficiencias y omisiones. “Es urgente –dijo— replantear las políticas públicas en esta materia y revisar el marco normativo aplicable, para que estas conductas puedan ser prevenidas o, en su caso, denunciadas, investigadas y sancionadas debidamente”.
Añadió el “Caso Iguala” es un expediente abierto, cuya investigación realiza en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en la cual, es preciso que en sus aspectos técnicos más complejos y controvertidos, sea la ciencia la que guíe la investigación sobre la desaparición de los estudiantes normalistas.
En materia de quejas, las autoridades que fueron señaladas con mayor recurrencia como presuntamente responsables de una violación a derechos humanos en los escritos de queja fueron: el IMSS, en 2,185 casos; el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación 1,308; la Policía Federal 783; la PGR 761; el ISSSTE 705; el Instituto Nacional de Migración 688; la SEDENA 620; la SEP 548; la SEMAR 373; y la CFE 316.
Las entidades federativas en las que se reportó con mayor frecuencia la comisión de algún hecho presuntamente violatorio a derechos humanos, fueron el Distrito Federal, en 2,350 casos; Estado de México 791; Tamaulipas 613; Veracruz 468; Sonora 442; Chiapas 405; Jalisco 354; Oaxaca 349; Nayarit 302; y Michoacán 299.
Las presuntas violaciones a derechos humanos que se denunciaron con mayor frecuencia durante el 2015, fueron prestación indebida del servicio público, en 3152 casos; faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, 1871; omitir proporcionar atención médica 1697; detención arbitraria 879; trato cruel, inhumano o degradante 663; acciones u omisiones que trasgreden los derechos de los migrantes 602; negligencia médica 490; omitir fundar el acto de autoridad 481; omitir motivar el acto de autoridad 452; y prestar indebidamente el servicio de educación 431.
Cabe señalar que el Ombudsman nacional, informó también que recibió una queja de los abogados de Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera, por las condiciones de vigilancia a que ha sido sometido en el Penal del Altiplano, motivo por el cual ya se abrió un expediente en la CNDH , para investigar posibles violaciones a derechos humanos.