Es muy probable que este día en la Cámara de diputados aprueben la integración de la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el artículo transitorio que permitirá que el Ejército se mantenga hasta el 2029 en las calles para combatir la inseguridad social que se vive en el país.
Esto significa que la Guardia Nacional será capacitada bajo las normas y reglas del Ejército para poder confrontar al crimen organizado, pero también para realizar las distintas tareas que le corresponden como guardar la seguridad pública y respetar los derechos de las personas, establecidas en la Constitución Política Mecana.
Si a esto le sumamos que son precisamente las Fuerzas Armadas, principalmente el Ejército, quienes se han encargado de la construcción del Tren Maya, la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, el Aeropuerto Felipe Ángeles, las sucursales del Banco Bienestar, escuelas y universidades planeadas por esta administración y además es encargada de la operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de puertos y aduanas, esto significa que son las fuerzas Armadas que han tomado la rienda de gran parte de las responsabilidades de la administración federal.
Y a pesar de que López Obrador ha buscado no hablar de la militarización que poco a poco se ve en el país, y lo justifica al compararlo con lo que existe en otras naciones, en el fondo no es lo mismo, porque el Ejercito en esas naciones solo se limita a cuidar la seguridad nacional y existen cuerpos policíacos capacitados para combatir al crimen organizado con resultados óptimos.
Estos órganos nacionales, que dependen directamente de los ministros del interior, algo como la Secretaría de Gobernación en México, están encargados de mantener y en su caso reestablecer el orden, así como de prevenir e investigar lo comisión de actos delictivos y proteger el libre ejercicio de derechos y libertades bajo la naturaleza civil.
Esto hasta ahora era realizado por cuerpos de policías civiles en México y más recientemente por la Guardia Nacional, pero si se pierde esto y se supedita su función a la Sedena, la forma para sancionar algún acto que vaya en contra de los derechos de los pobladores y cuidadnos quedará en el limbo, y se corre un enorme riego sobre la seguridad de la población porque no sabremos con exactitud si esto lo dirimirán los juzgados civiles o militares.
Debemos recordar hechos que nos muestran la fragilidad con la cual se rompen derechos fundamentales por la presencia del Ejército y que no han podido ser sancionados quienes han cometido estos abusos, lo ocurrido en el mes de octubre en el 1968, en septiembre en 1971 y lo ocurrido en Guerrero donde desaparecieron 43 estudiantes.
Además, las quejas de algunas comunidades sobre la vejación que elementos del Ejército hacen con sus mujeres y no han sido castigados los culpables.
Es cierto que en México los índices de inseguridad se han disparados y que es necesario aplicar una estrategia fuerte para disminuir y eliminarlos, pero ¿la solución es militarizar la seguridad pública?
Todo indica que no, porque desde que el gobierno de Felipe Calderón utilizó al Ejército para combatir el crimen organizado y Enrique Peña Nieto lo mantuvo en las calles, la incidencia de la delincuencia se elevó. Ahora que esta administración federal sigue bajo el mismo esquema, el crimen organizado ha empezado a mostrar que ellos tiene mejores armas que el Ejército mismo y la incidencia donde la sociedad civil se encuentra entre atrapado en fuego cruzado es más periódico.
Sin embargo, nuestros representantes, sobre todo los de la colación “Juntos Haremos Historia” piensan que es lo correcto y a ellos se han sumado una parte de los legisladores del PRI, algunos dicen que bajo los intereses particulares de su líder nacional Alejandro Moreno Cárdenas, Sin embargo, todos esos legisladores no fueron a sus distritos, como lo hicieron para pedir el voto para su elección o reelección, ha consultar si la población quiere esa solución.
Buscar culpables de que el crimen organizado ha hecho rehén a México nos llevaría a encontrar a muchos, desde aquellos que utilizaron al Ejército para combatir al crimen organizado hasta quienes desparecieron los fondos de fortalecimiento para la seguridad de los municipios y por ende de la población, pero no es el caso. Es necesario encontrar una solución que evite solo apaciguar un problema y crear otro del cual difícilmente podremos salir.