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A nuestra generación de los llamados “baby boomers”, que derivamos de la euforia de nuestros padres resultante del mundo nuevo generado en la postguerra, más o menos desde 1945 hasta 1962, que estuvo lleno de esperanza en una mejor vida, cuando la moda era tener familias modernas con muchos hijos, se nos educó en México con la noción del Estado benefactor que era el responsable de generar la mayoría de los satisfactores necesarios para llevar una vida de bienestar y felicidad.

Eran las épocas de “gozar de las mieses” que supuestamente derivaron del llamado “Desarrollo Estabilizador”, en donde a partir de una política de Estado, se controlaron las importaciones de bienes de producción para generar monopolios de mercados para desarrollar la industria en el país.

Asimismo, el Estado controlaba toda la cadena económica derivada de los energéticos, petróleo, gas, almacenamiento de hidrocarburos, transporte, distribución y venta de gasolinas y sus derivados, lubricantes y gas, así, como la generación, transmisión, distribución y venta de energía eléctrica, ya que esta área de la economía era considerada como estratégica, por lo que el Estado debía de controlarla en su totalidad.

Posteriormente, a raíz de las políticas públicas generadas por los gobiernos del PRI con una visión de “nacionalismo revolucionario”, empezaron a incursionar en la producción de bienes y en la prestación de servicios, que abarcaron desde la hotelería, hasta la producción de tortillas y refrescos de sabores, llegando el gobierno a representar más del 80% de la economía nacional.

Los que fuimos educados en esta época de la postguerra, creíamos que ese era el camino a seguir, hasta que nos fuimos topando con el total colapso de la economía nacional, principalmente causado por la mala administración del gobierno como empresario.

Aprendimos luego, que la iniciativa privada, concentrada en desarrollar ganancias para los dueños y accionistas de las empresas, tienen controles internos para evitar la mala administración y la toma de decisiones no basadas en un buen desempeño gerencial y control financiero, mientras que el gobierno al administrar empresas, sus controles son laxos o inexistentes, ya que siempre tienen el incentivo de la aportación de fondos públicos para que las empresas gubernamentales continúen operando, generándose con ello, grandes déficits públicos que a la postre causaron en México debacles financieras, con sus consecuentes devaluaciones, pérdida de empleos por cierre de empresas y generación de millones de pobres.

A partir de los gobiernos de Miguel de la Madrid y de Salinas de Gortari, el gobierno se dio cuenta de que era mejor dejarle a la iniciativa privada el manejo de las empresas, deshaciéndose ellas vendiéndolas a los particulares y liquidando otras.

En materia energética, primeramente, se abrió a la iniciativa privada la generación de electricidad para ser vendida en exclusiva a la CFE, en materia de hidrocarburos, se permitieron los llamados contratos de servicios múltiples, permitiéndosele a la iniciativa privada apoyar a PEMEX en sus labores de exploración y explotación, a través de pagos de contraprestaciones.

Con la reforma energética de 2014, se permitió a los particulares generar electricidad y venderla directamente a las empresas, reteniendo CFE el derecho de transmitir y distribuir el fluido eléctrico, mediante pago de contraprestaciones.

Con esto, los particulares han hecho inversiones en México de cientos de miles de millones de dólares, teniendo los consumidores el beneficio de tarifas eléctricas más bajas y servicio más estable.

Ahora, el presidente ha presentado una iniciativa en donde de un plumazo pretende modificar la constitución eliminando la participación privada en la generación de energía eléctrica. Esto representa literalmente una confiscación de las grandes inversiones privadas realizadas en electricidad, violando flagrantemente las disposiciones del T-MEC y demás tratados comerciales.

Esta reforma causará un gran desprestigio a México en el mundo, como país poco serio que no respeta a las inversiones privadas y desarrolla políticas confiscatorias a la inversión.

No debemos permitir que la oposición apoye esta barbaridad regresiva que pondría a México en los últimos lugares de confianza para la inversión.