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<< La encomienda de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, es construir un país más justo

<< La protección integral de los derechos de NNA exige que actuemos de manera articulada: Rocío García, titular del DIF Nacional

Al participar en la Primera Reunión del Grupo de Trabajo para la Articulación de Políticas Públicas para la Atención Prioritaria de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, la titular del DIF Nacional, Rocío García, dijo estar convencida de que ninguna infancia o adolescencia debe quedar en el abandono institucional, si es víctima de orfandad por feminicidio.

Desde la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la responsable del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) señaló que las afectaciones emocionales, económicas, familiares y sociales a estas víctimas requieren respuestas y atención inmediata, sensible y coordinada, por parte de las instituciones del Estado.

“La protección integral de sus derechos exige que actuemos de manera articulada, eliminando barreras de acceso y garantizando las medidas de protección necesarias y, sobre todo, oportunas”, por lo que refirió que, los trabajos de ese grupo permitirán identificar capacidades para fortalecer mecanismos de coordinación y construir la ruta de atención para restituir los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Destacó que esta tarea es una encomienda de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para construir un país más justo, empezando por la atención prioritaria de los que más lo necesitan, como las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio que requieren de una respuesta institucional diferenciada que reconozca su condición especial de vulnerabilidad; dijo estar convencida de que “este trabajo contribuirá de manera significativa para transformar sus vidas, construir políticas públicas más humanas, sensibles y cercanas a las necesidades de esta población y sus familias, concluyó.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, comentó que construir una política pública para la protección integral de las niñas, niños y adolescentes, y en particular de sus derechos humanos, es un desafío para todas las instancias de la Administración Pública Federal que requiere un enfoque integral de derechos humanos y también de perspectiva de género.

“Nuestra labor es proporcionarles todas las herramientas y facilidades posibles para que puedan reconstruir su vida. Sabemos que esta condición puede implicar la pérdida abrupta de cuidados, separación familiar, cambio de domicilio, interrupción escolar, afectaciones emocionales, precariedad económica, procesos judiciales complejos en ocasiones, riesgo de quedar bajo custodia del propio agresor o de entornos que no garantizan su seguridad”, manifestó.

En su intervención, la procuradora federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Fabiola María Salas Ambriz, reconoció que, para quienes forman parte del Gobierno de México y trabajan en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, es importante hablar sobre la orfandad por feminicidio y tener claro que requieren del acompañamiento de todas las instituciones, sobre todo de aquel especializado para reconstruir entornos y proyectos de vida de estas víctimas.

“Desde la Procuraduría Federal vemos con claridad que estos casos demandan respuestas integrales, que la protección no puede limitarse a una sola intervención, ni depender exclusivamente de una institución, se requiere de coordinación y acciones articuladas en materia de restitución integral de derechos, acceso a la justicia, salud, física y mental, educación, identidad, cuidados y fortalecimiento del entorno familiar”, precisó.

El propósito de esta reunión fue identificar, analizar y formalizar los programas, servicios y políticas públicas vigentes y potenciales, con el objetivo de restablecer una ruta de atención prioritaria que garantice la implementación de medidas de protección, acompañamiento y restitución de derechos para la población infantil y adolescente.

El pasado 12 de marzo el DIF Nacional convocó a una reunión de trabajo interinstitucional que derivó en la conformación de tres grupos especializados para atender integralmente a las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio.

El Primer grupo, coordinado por el Sistema Nacional DIF, es el encargado de diseñar el Registro Nacional de NNA en orfandad por feminicidio y junto con las dependencias participantes, serán los responsables del diseño de la arquitectura tecnológica del registro, la definición de variables y criterios de captura de información, el establecimiento de mecanismos de interoperabilidad con registros de fiscalías, sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes y el Registro Nacional de Víctimas.

El Segundo grupo, encabezado por la Secretaría de las Mujeres, actualizará el Protocolo Nacional de Atención Integral a NNA en condición de orfandad por feminicidio, con el fin de fortalecer el protocolo vigente, identificar áreas de oportunidad en la coordinación institucional e incorporar de manera transversal el interés superior de la niñez, la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos.

El Tercero, coordinado por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGOB, se encargará de la Articulación de las Políticas Públicas para la atención Prioritaria de las niñas, niños y adolescentes, para garantizar el acceso a apoyos sociales, becas, atención sicológica y servicios de salud. Asimismo, trabajará en el diseño de mecanismos de canalización y coordinación interinstitucional que permitan brindar una atención integral y dar seguimiento efectivo a la garantía de sus derechos.

Estos grupos de trabajo buscan consolidar una respuesta institucional coordinada frente a las consecuencias del feminicidio en niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo la capacidad del Estado para identificar, atender y acompañar a quienes enfrentan esta situación. Con ello, se pretende avanzar hacia la construcción de mecanismos que aseguren una protección integral, una atención oportuna y la restitución efectiva de derechos, colocando en el centro el interés superior de la niñez y el bienestar de las víctimas indirectas de la violencia feminicida