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El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, no avalará ninguna concentración y abuso de poder como se pretende hacer con la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la que se pretende la destrucción de los contrapesos al Ejecutivo Federal, mermar la división de poderes y violar la Constitución. El siguiente paso sería la dictadura.

Ninguna situación extraordinaria, ni el pretexto de una crisis económica, justifica la iniciativa del Ejecutivo Federal para modificar por sí mismo el Presupuesto de Egresos de la Federación, ya que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados.

Con esta iniciativa de reforma, propuesta por el Ejecutivo Federal, se fomenta la discrecionalidad del gasto y elimina facultades de fiscalización de la Cámara de Diputados, por lo que el GPPRI está en contra de validar que una sola persona decida el destino de los recursos de las y los mexicanos en situación de emergencia; estos actos sólo se prestan para el mal manejo de los recursos, la arbitrariedad, la falta de transparencia y el abuso de poder.

Incluso, cabe recordar que la Ley ya establece el marco de actuación cuando se presentan estas contingencias. La Secretaría de Hacienda tiene facultades para la aplicación de normas de disciplina presupuestaria cuando disminuyen los ingresos; no se requiere dotar mayores facultades a esa Secretaría, por encima de las responsabilidades legales de la Cámara de Diputados.

Por otra parte, para el Grupo Parlamentario del PRI ningún “ajuste al cinturón” del sector público debe violar los derechos de los trabajadores. Preocupa la probable afectación a los derechos laborales de los servidores públicos; hay que recordar que, el artículo 127 de la Constitución, establece claramente que sus remuneraciones serán irrenunciables y determinadas anualmente, por lo que es imposible disminuirla durante ese periodo.

Este inmerecido castigo a los servidores públicos es una verdadera injusticia, al eliminar los aguinaldos de los trabajadores del sector salud, que son quienes hoy están en la primera línea de batalla de la crisis sanitaria.

La disminución de ingresos afectará gravemente a las Entidades Federativas, y en la iniciativa no se considera ni una sola medida de contención y apoyo a los estados y municipios, por el contrario, se les quiere quitar el Fondo Metropolitano que es detonador de desarrollo local.

El Fondo Metropolitano ya cuenta con reglas de operación claras para que sus recursos se destinen a programas y proyectos de infraestructura; de aprobarse la iniciativa, se desviarían esos recursos al otorgamiento de créditos y apoyos, podría dejar a un lado la cobertura constitucional del derecho a los servicios básicos, infraestructura vial, movilidad urbana, espacios públicos, entre otros.