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NÚMERO CERO/ EXCELSIOR

La normalización de la violencia desde las instituciones es una forma grave de abdicar de sus obligaciones con la seguridad. Pero mucho más alarmante si implica involucrar a niños en esa responsabilidad, por ejemplo, cuando se pretende armar a menores de edad para protegerse de la delincuencia o usarlos como símbolos en actos policiacos de gobiernos municipales en Guanajuato. Un reconocimiento de la falta de control jurisdiccional efectivo sobre las personas y un franco retroceso en la aspiración de vivir en un medio seguro y pacífico.

Si es escalofriante la imagen de niños reclutados por el narco o integrados como soldados de autodefensa, las denuncias en el municipio de Purísima del Rincón sobre policías que adiestran a menores en el uso de armas en “charlas de prevención de la violencia y adicciones” suponen otro grado más de deterioro de la seguridad en el país. La mera intención basta para reflejar la incapacidad de los cuerpos de seguridad para proteger a la ciudadanía en un estado en que, durante los últimos años, ha escalado en la violencia hasta los primeros sitios, como Guanajuato. En vez de llamar a cuentas a las autoridades de procuración de justicia y seguridad, prefieren transferir la responsabilidad a las víctimas como si fuera un ejercicio de participación ciudadana en una simulación de funcionamiento formal de las instituciones.

Parece un autosabotaje, pero no lo es. Es mucho más grave, es como si la autoridad aceptara la extorsión de la delincuencia como parte de sus obligaciones o de los derechos del narco. Se inscribe en la línea de otras ideas, como armar a la ciudadanía para enfrentar al crimen, con objeto de exhibir la incapacidad de las instituciones para mantener la seguridad, como propuso recientemente el presidente del PRI,Alejandro Moreno. Demagogia pura y dura. Se trata de iniciativas sin viabilidad política, pero que, como acto simbólico, revelan el nivel de aceptación de los entornos de violencia para menores de edad, mujeres y la sociedad en general. Si con algún sector la deuda en seguridad es grande es con los niños y niñas que, a cambio reciben la distinción de promover con su imagen las actividades de corporaciones de seguridad como han hecho los gobiernos panistas de Irapuato y León. Esta clase de iniciativas no constituyen un llamado a detener la violencia, sino, preparan para asumirla como una situación cotidiana.

La infancia en México se debate entre el rezago y la violencia. Las cifras oficiales sobre inseguridad describen los entornos de violencia familiar, escolar y en las redes, en los que viven, así como condiciones sociales que los exponen a la delincuencia y al crimen. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2021, 7 menores de edad murieron cada día y 37 sufrieron violencia física, sin contar con la cifra negra de asesinatos que no se denuncian. Más preocupante aún es que la tendencia se mueve hacia aumentar, por ejemplo, en una comparación entre el primer trimestre de 2015 y el de 2022 el ascenso es de 83 por ciento.

Ante esta situación, la política pública y los programas gubernamentales de la 4T dedicados a la infancia parecen rebasados, en la mayoría de los casos por falta de presupuesto. Es paradójico que la principal apuesta del gobierno para la pacificación del país sea evitar que a los jóvenes los reclute el crimen organizado y, a la vez, que el deterioro de las condiciones sociales, deserción escolar, pobreza y empleos “basura”, los exponga cada vez en mayor medida a ese verdugo. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, 10% de los menores de edad están en situación de riesgo de ser reclutados por el narco, es decir unos 4 millones de ellos. Son cifras que hablan de una hipoteca del futuro en círculos viciosos que reproducen la violencia. Que es mucho más difícil de revertir si se interioriza en la cultura con su normalización desde las instituciones. Porque implica la renuncia de las autoridades a protegerlos de ser cooptados por el crimen como carne de cañón, que a los cárteles les resulta conveniente porque sus condenas, en caso de ser capturados, son menores.

Por eso las autoridades tienen que seguir siendo el blanco del llamado a una vida sin violencia, para evitar que deleguen esa obligación en los propios afectados por ella, como han intentado hacer municipios de Guanajuato.

Esta columna tomará un breve descanso para volver en agosto, no sin antes agradecer a todos los lectores por su presencia constante y sus comentarios.