Observaciones y no veto lo que el presidente Enrique Peña Nieto podría hacer a la llamada Ley 3de3 aprobada por el Congreso, fue lo que afirmó el coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, César Camacho.
Entrevistado en el Museo de Antropología, en el marco de la inauguración de un seminario sobre la Constitución, el legislador pidió no adelantar vísperas sobre la decisión del Jefe del Ejecutivo Federal, en torno a la polémica por los términos en que se aprobó y la inconformidad generada en el sector empresarial, y dijo, no debe privar una visión de «vencedores y vencidos».
“Creo que es muy prematuro, vamos a esperar a ver en qué quedaron las cosas, nosotros ya hicimos el primer planteamiento de suerte que en todo caso lo que harán los empresarios es acogerse a una opción que nosotros les ofrecimos desde el viernes de hace ocho días, de modo que no hay aquí visiones de vencedores y vencidos, se trata de que la ley sea lo más completa posible, jurídicamente sólida para que también aguante cualquier revisión de carácter judicial, vamos a esperar”.
Recordó que su bancada ya adelantó que trabajarán por perfeccionar la norma a fin de darle solidez jurídica.
“Lo que es cierto es que nosotros desde el día siguiente a la aprobación de esta ley de responsabilidades hicimos pública nuestra posición de enmendarla, es evidente que hay una gran laxitud, una redacción que es por amplia ambigua y que de primera intención, te estoy hablando del artículo 32 inciso C, que si se mantiene así pudiera generar problemas de operación y que pudiera en todo caso distorsionar el espíritu original del legislador”.
Y es que según el sector empresarial, dicho artículo al referirse a “cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos” como los obligados a presentar declaración, se incluiría no solo a empresas, sino a becarios del Conacyt, y beneficiarios de programas sociales por lo que el vicecoordinador del PRI en San Lázaro, Jorge Carlos Ramírez Marín indicó que se propondrían modificaciones para dejar claro cuáles personas físicas y morales estarían obligadas a presentar sus declaraciones: fiscal, patrimonial y de interés.