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Número Cero/ EXCELSIOR

La desconfianza entre México y EU está justificada por la imposición y la falta de acciones para resolver problemas que les explotan en la cara, como migración, drogas o violencia. Condición preexistente de debilidad y desencuentro como se reconoce implícitamente en la declaración en favor de un nuevo entendimiento llamado Bicentenario, de colaboración contra el narcotráfico; superarla es indispensable para la cooperación contra el negocio del crimen transfronterizo y la crisis migratoria.

El viernes pasado se llevó a cabo en México el Diálogo de Alto Nivel en Seguridad entre los dos gobiernos para dar por muerta la Iniciativa Mérida, colaboración durante la última década bajo el enfoque de la “guerra contra las drogas”, aunque no dejó mayor beneficio para ninguno, lo demuestra el crecimiento del crimen y la violencia. Desde que se lanzó con Calderón y Bush en 2008, México escaló a la primera posición de los mercados criminales del mundo, a costa de una crisis de derechos humanos con más de 92 mil desaparecidos y tasas de homicidios rampantes, como los de un país en guerra. En EU dejó una epidemia de adicciones por la crisis de opiáceos y el consumo de drogas sintéticas. Con estos resultados “sería lamentable no entendernos”, como dijo López Obrador al recibir al secretario de Estado, Antony Blinken.

El fracaso, en los hechos, desactivó la iniciativa, que después se volvió supletoria con el esquema de seguridad de López Obrador de “abrazos y no balazos” contra el crimen y restricciones a la colaboración de la DEA para la persecución de capos de los cárteles. El desencuentro precipitó la relación a la desconfianza con la detención en EU del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, y la revelación del expediente confidencial de la DEA por parte del Presidente. El cúmulo de retos los condena a entenderse, aunque sea por mero pragmatismo, como el mostrado para imponer el muro de contención a la migración en la frontera. El alto costo político de la crisis de haitianos para Biden acabó por convencer a EU de revalorar a su aliado.

La crisis migratoria rompió el impasse y llevó al diálogo para impulsar un nuevo esquema de cooperación contra el narcotráfico, que parta de reconocerlo como un problema de salud pública y no sólo como un asunto de policías y seguridad. Un cambio en enfoque y estrategia es un paso en la dirección correcta, aunque el acuerdo surja, paradójicamente, de otro episodio de desconfianza, también bicentenaria. En EU han muerto más de 500 mil personas por sobredosis de opioides y la crisis empeoró durante la pandemia en 38.4% entre junio de 2019 y mayo de 2020. La carga económica por atención médica y tratamiento de adicciones puede superar 78,500 millones por año, una cantidad que la asistencia policiaca y militar contra las drogas no pudo ahorrarle y resultan insignificantes los 3,300 millones que EU destinó en 13 años a la Iniciativa Mérida.

Hay, pues, suficientes bases de interés para alcanzar ese nuevo entendimiento y atender la propuesta mexicana de sustituir la Iniciativa Mérida por otro esquema que priorice programas o inversiones contra adicciones, reducir violencia y homicidios y lavado de dinero, en vez del envío de helicópteros y armas para combatir a los cárteles. De poco ha servido contra la disputa entre cárteles, la espiral de homicidios y el hallazgo de campos de exterminio a unos cuantos kilómetros de una frontera azotada por el crimen. Y la colaboración basada en el suministro de armas terminó por detonar el recelo en una asistencia asimétrica, uno pone la industria armamentista y el otro la violencia, aunque el crimen y las drogas alcanzan a todos.

El nuevo plan surge, otra vez, de la colaboración bilateral fallida, pero su futuro pasa por recomponer la confianza de estrategias y propósitos comunes. Son las precondiciones que deben cambiar para construir un modelo que convenza a las sociedades sobre la necesidad de cooperar, más allá de declaraciones de buena voluntad o discursos de respeto y no injerencia.