Pese a que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador no acepta que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH evalué los actos de autoridad y vele porque todo ejercicio de la función pública se realice con pleno respeto de los derechos humanos, es necesario que ambos trabajen en coordinación para hacer valer los derechos consagrados en la Constitución Política, plantean diputados priistas.
De esta forma construirán una política de Estado que defienda y proteja los derechos humanos de los mexicanos. La propuesta la hacen al advertir que se tiene una regresión en la materia.
En comunicado de prensa, recuerdan que los informes anuales de las actividades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos siempre se entregaron de manera directa al Presidente de la República, pero en el último informe el Jefe del Ejecutivo, se negó a recibirlo y constituye una señal de desdén y falta de interés por hacer valer los derechos humanos de los mexicanos.
Señalan que las recomendaciones que incomodan a la administración pública federal son el rechazó las agresiones y retención contra personal militar en La Huacana, Michoacán; la preocupación por el impacto en el goce y ejercicio del derecho a la protección de la salud de la población en todo el país, derivado de la reducción presupuestal y/o la no transferencia de recursos a ese sector, a partir de las medidas de austeridad implementadas por la actual Administración
Que las entidades federativas asignen hasta el máximo de sus capacidades los recursos necesarios para que los derechos humanos sean vigentes, ya que es una obligación que subsiste aún frente a recortes o ajustes presupuestales y sin menoscabo de las medidas que adopten para propiciar el mejor y más efectivo manejo de los recursos públicos.
Los legisladores del PRI concluyen, que es evidente que el titular del Ejecutivo federal se incomoda con todas las instituciones del Estado mexicano que cuestionan su gobierno, pero le recuerdan que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un organismo autónomo constitucional, una institución independiente de los poderes de la Unión para actuar como garante de los derechos de las personas ante las acciones del Estado y es su obligación acatar las recomendaciones y trabajar con dicha comisión de manera coordinada.