NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
El bloque de gobernadores de la Alianza Federalista, opuesto a López Obrador, se observa como una casa cuarteada por un sismo. El contrapeso en que buscaban convertirse a la concentración de poder presidencial se desgaja por las hendiduras que le abre el obús de acusaciones de la FGR contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, en un aviso al grupo sobre las armas con que se disputarán las elecciones 2021. Esa primera pieza de artillería marca una grieta que alcanza hasta a la coalición Va por México, con que la oposición pretende ganar el Congreso el próximo 6 de junio.
Luego de que el Presidente propusiera a los gobernadores un acuerdo nacional de civilidad política para no intervenir en las elecciones de este año, el fiscal Gertz solicitó al Congreso retirar el fuero a García Cabeza de Vaca para ser juzgado penalmente por acusaciones de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. No había llegado aún la respuesta cuando el aviso de la FGR, como corriente eléctrica de otra magnitud, transmitía la amenaza a los despachos estatales. La descarga fracturó el respaldo de Enrique Alfaro, de Jalisco, y de Javier Corral, de Chihuahua, que abandonaron el consenso de este grupo, integrado por 10 mandatarios estatales, a favor de cerrar filas con García Cabeza de Vaca.
La señal de la FGR muestra el escudo de armas que acompaña el exhorto presidencial para llamarlos a la “neutralidad” en las campañas. La justificación del acuerdo electoral es el temor de Palacio Nacional de que los gobernadores recurran a las viejas prácticas de utilizar su poder y el presupuesto para apoyar a algún candidato o perjudicar a los de Morena en las entidades en las que se identifican con la coalición opositora de Va por México, del PAN, PRI y PRD. La demanda penal, el disuasivo para poner contra las cuerdas a García Cabeza de Vaca y obligar a sus aliados a cumplir el acuerdo en las campañas en 15 estados que irán a las urnas en 2021.
El mensaje parece lograr sus objetivos, a juzgar por la decisión de Jalisco y Chihuahua de desmarcarse de García Cabeza de Vaca, a pesar de que la Alianza, en un principio, repudió el caso como una embestida política de Palacio Nacional. Su postura muestra que prefieren deslindarse, especialmente cuando la petición de desafuero incluyó el ofrecimiento de transparentar todo el expediente de la comisión instructora del Congreso. Dejarán que el mandatario estatal se defienda solo, con los recursos legales y políticos que le ofrece la soberanía de la entidad y el control de su partido del Congreso local, en el que, en opinión de la mayoría de los juristas, recaerá la última palabra sobre el retiro de la inmunidad para ser juzgado.
La mayoría de los aliancistas están entre los más de 25 estados que aceptaron el pacto de neutralidad electoral, aunque su cumplimiento pasa también por persuadir a la Federación de no dar un uso político a sus programas sociales, como reclama a las entidades. Independiente del acuerdo, el INE ordenó ya medidas cautelares para obligar a Morena a desvincular su activismo electoral con la vacunación. Así lo resaltan también los gobernadores aliancistas, pero la postura de no confrontar con el gobierno, en este caso, induce a la ruptura del bloque y la negociación, entidad por entidad, de las reglas del juego.
Sobre el gobernador de Tamaulipas pesan desde hace tiempo denuncias en México y EU por supuestos nexos con el crimen y lavado de dinero, que él ha calificado de “infamias y persecuciones políticas”. Por lo pronto, parece dispuesto a cubrir un cargo por defraudación fiscal, aunque éste es el menor por el que lo acusa la FGR. El debilitamiento de sus apoyos, sin embargo, podría llevarlo a buscar un armisticio con la Federación para su último año en el cargo a cambio de neutralidad electoral. Pero lo cierto es que las claves de la batalla electoral de 2021 muestran la persistencia de las viejas prácticas de los poderes de todos los niveles, como intervenir en las elecciones, la diferencia esta vez es que la carga de artillería viene del gobierno central y las municiones son los abusos y excesos de los mandatarios estatales, sin que reconocerlo justifique el uso faccioso de la justicia.