La vacunación contra COVID-19 tiene nuevamente un uso político por parte de la federación, para cumplir con los fines electorales del Presidente. Ahora anunciaron que se va a realizar una campaña de vacunación “extraordinaria” en abril de 2022, en pleno proceso de revocación de mandato, – señaló el Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
Es un mensaje contradictorio y oportunista para efectos propagandísticos, cuando desde el gobierno federal se ha reiterado que la pandemia ya no representa un riesgo, e incluso se ha alentado la relajación de las medidas de protección efectivas, como la eliminación del uso de cubrebocas.
Durante meses se mantuvieron millones de vacunas guardadas, ahora mismo, hay más de 30 millones de dosis sin utilizar, tampoco se ha vacunado a millones de niñas y niños; sin embargo, ante la necesidad de incrementar la aprobación presidencial, se apresuran a reanudar la vacunación a unos días de la revocación de mandato.
En el proceso electoral de 2021 ya utilizaron esta estrategia, se priorizó la aplicación de dosis en ciertas regiones para apoyar el voto en favor de Morena, además de que se usó a los “servidores de la nación”, militantes de ese partido político, en las jornadas de vacunación.
Si tanto le interesa al gobierno federal utilizar las vacunas almacenadas, debería utilizarlas en proteger a las niñas y niños que no han recibido ni una dosis y que permanecen en riesgo de desarrollar la enfermedad. Sin embargo, este anuncio se sigue retrasando, ya que los menores no votan.
Hoy tenemos que recurrir a amparos para proteger a niñas y niños, cuando la vacunación debería ser un derecho universal.
Distribuir las vacunas con fines políticos configura, al menos, violación al principio de imparcialidad por el uso indebido de recursos y servicios de carácter público y difusión de propaganda gubernamental con fines de promoción personalizada para influir en la opinión de los mexicanos este domingo.
Con esta nueva estrategia de vacunación a llevarse a cabo en abril hay una influencia indebida del gobierno federal en la revocación de mandato. Lo que se suma a la larga lista de delitos que se han cometido desde que inició la consulta.
El propio TEPJF ha determinado que los programas sociales deben orientarse bajo el criterio de las buenas prácticas en la aplicación de los recursos públicos, pues constituyen las actividades que se llevan a cabo para la satisfacción de una necesidad colectiva de interés público, de ahí que debe prevalecer en todo tiempo el carácter institucional de las jornadas de vacunación.
«Llámamos al presidente López Obrador a dejar de utilizar las vacunas con fines políticos, y en cambio, empezar a vacunar a nuestras niñas y niños que han sido abandonados», apuntó.