· El vocero del GPPAN en San Lázaro, Carlos Castaños, denunció que el funcionario federal entrega despensas bajo el pretexto de la pandemia por COVID-19.
· El diputado federal dijo que Horacio Duarte está actuando como si fuera el candidato de Morena a la gubernatura del Estado de México y no como funcionario federal.
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Cámara de Diputados exigió la renuncia del recién nombrado administrador general de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Horacio Duarte Olivares, por realizar actos proselitistas de campaña con miras a la gubernatura del Estado de México por el partido Morena.
El subcoordinador de Difusión y Mensaje del GPPAN, Carlos Castaños Valenzuela, denunció que el funcionario busca sacar raja política de la pandemia del coronavirus, porque una de sus primeras actividades que realizó fue la entrega de despensas en el municipio de Tejupilco, sin que se conozca la procedencia de los recursos utilizados.
Castaños Valenzuela dijo que Duarte Olivares debe aclarar si se desempeña como administrador de Aduanas o como candidato a una gubernatura, porque está violando la ley al promover su imagen.
Lamentó que el morenista actúe con doble moral y busque lucrar con la necesidad de la gente.
“Es reproblable que Horacio Duarte utilice su cargo para lucrar políticamente con la pobreza de la gente, entregando despensas bajo el pretexto de la emergencia sanitaria. Exigimos que renuncie como administrador de aduanas si aspira a la gubernatura del Estado de México”, dijo el diputado federal.
Cabe señalar que el reparto de despensas las realizó el presidente municipal de Tejupilco, Anthony Domínguez Vargas, a nombre de Horacio Duarte, según consta en su cuenta personal de las redes sociales.
El vocero del GPPAN demandó a Horacio Duarte explicar si los recursos para comprar las despensas se pagaron con recursos públicos provenientes del SAT o alguna otra entidad federal, o bien con cargo al Municipio, porque de ser así se violó el artículo 134 de la Constitución en sus párrafos 7 y 8, que obligan al ejercicio imparcial de los recursos y prohíbe promocionar el nombre o la imagen de funcionarios públicos.