Ante el potencial atentado a la soberanía nacional que podría representar el “Adéndum” al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), particularmente en materia laboral, congresistas de los Grupos Parlamentarios del PRD demandaron a los funcionarios del Gobierno Federal involucrados explicar qué fue lo que firmaron y aclarar si lo hicieron a sabiendas, por engaño o por ineptitud.
Las y los legisladores perredistas consideraron de suma importancia esta aclaración para dilucidar si la soberanía nacional fue ya vulnerada, como parece ser, y si por ello habrá en los hechos empleados del gobierno estadounidense supervisando el cumplimiento de leyes laborales en territorio mexicano.
Pidieron que la explicación de la y los funcionarios federales sea ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a la cual presentaron propuestas para que cite a los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, y del Trabajo y Previsión Social, María Luisa Alcalde Luján, así como al subsecretario para América del Norte, Jesús Seade Kuri, a fin de responder las dudas y superar las confusiones surgidas en los últimos días.
Para empezar, las bancadas parlamentarias del Partido del Sol Azteca consideraron inadmisible que a pocos días de haber signado el “Adéndum”, los funcionarios del gobierno mexicano se digan “sorprendidos” por el contenido de las normas que el gobierno estadounidense plantea para su instrumentación.
Refirieron que el TMEC fue firmado por los gobiernos de los tres países el 30 de noviembre de 2018 y que para entrar en vigencia debía ser ratificado por los respectivos congresos de cada nación.
La Cámara de Senadores de México lo hizo el 19 de junio pasado, pero ni el gobierno estadounidense ni el canadiense lo han hecho.
Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos y el Congreso de este país, instigados por el Partido Demócrata, condicionaron el aval de sus legisladores a que el gobierno mexicano renegociara tres temas: solución de controversias en materia laboral, contenido mínimo de acero y aluminio de la región y armonización con acuerdos internacionales en materia ambiental.
Ante los senadores mexicanos, Jesús Seade explicó que, en lugar de la propuesta estadounidense de habilitar “inspectores” para reportar el cumplimiento o incumplimiento de los mexicanos en materia laboral, se crearían paneles para solución de controversias en casos donde hubiera violaciones en elecciones de sindicatos en empresas ligadas al comercio.
Supuestamente este y otros acuerdos se integraron en un “Adéndum” y el nuevo compromiso se formalizó el 10 de diciembre último. Seade firmó por México y, tras explicar al Senado el supuesto contenido del “Adéndum”, éste también lo avaló dos días después.
“Sin embargo, de nuestra parte quedaron dudas sobre la aplicación, toda vez que el Secretario refirió que existía una tarea adicional para complementar el tratado con el fin de llegar a las directrices y protocolos para su instrumentación. En respuesta a lo anterior, comentó que, previo a la entrada en vigor, se pasarán una serie de reglas de procedimiento”, advirtieron las y los perredistas.
Sus reservas se fundaban, además, en que días antes de la firma por parte de Seade circuló en la Cámara de Representantes de Estados Unidos un resumen de lo supuestamente pactado, en cuyo primer capítulo, referido a la vigilancia sobre México, dice textualmente: “Los agregados laborales tendrán como base México y proveerán información in situ sobre las prácticas laborales en México”.
Las y los legisladores perredistas reconocen la importancia del TMEC para la economía mexicana, pero advierten que admitir estos “agregados laborales” para que remitan información sobre empresas y el gobierno mexicano a órganos facultados para demandarlos por la real o supuesta violación a leyes laborales o sindicales -según el criterio estadounidense- vulnera la soberanía nacional y trastoca aspectos internos que atañen al gobierno mexicano.
“Si Seade no entendió ni explicó bien, y por eso ahora el gobierno mexicano se dice sorprendido, es preocupante, pero lo cierto es que también hay responsabilidad del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de todos aquellos que, por omisión, comisión o ignorancia, aceptaron las exigencias demócratas anunciadas en Washington”, reclamaron.
Las diputadas y diputados Verónica Juárez, José Guadalupe Aguilera, Abril Alcalá, Guadalupe Almaguer, Mónica Almeida, Mónica Bautista, Alejandra Esparza, Raymundo García, Antonio Ortega, Claudia Reyes y Azucena Rodríguez, así como el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, consideraron por ello necesaria la comparecencia de los funcionarios y la funcionaria mexicanas para que expliquen hasta dónde cedieron en detrimento de la soberanía nacional.