A fin de conocer el status de las indagatorias referente al crédito otorgado por Banobras a la empresa Rotary Drillrigs International (Rodisa) S.A de C.V, integrantes de la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– aprobaron que la próxima semana empezarán a citar a comparecer a los funcionarios que no han contestado las solicitudes de esta instancia legislativa.
En este sentido, el presidente de la Comisión, Ernesto Cordero Arroyo, dijo que pese a que han recibido información por dictámenes aprobados anteriormente, aún quedan pendientes de ahí la solicitud.
Las senadoras priistas, Verónica Martínez Espinoza y Yolanda de la Torre, fue un exceso, toda vez que los legisladores no son parte de una averiguación previa, porque son de secrecía, y sólo participan el imputado, su defensor y el ministerio público en representación del ofendido.
No obstante lo apoyarían, pero insistieron en calificarlo como un despropósito.
“Nos debería dar vergüenza pública; sin embargo, votaremos a favor, con la reserva, y que se sepa, lo votamos a favor porque sabemos que es político, pero que jurídicamente es un despropósito”, remarcó de la Torre.
Para Dolores Padierna Luna, senadora del Grupo Parlamentario del PRD, no le parece un despropósito hacer la solicitud de información, porque se dieron tres contratos a la empresa, en 2012 y 2013, y no existen los pozos que tendría que haber construido con dinero público.
“Es sumamente grave, porque si no hay obra y no hay pago del crédito, entonces se trata de un fraude al país; y es esto lo que está en el fondo”, refirió.
A su vez, Rocío Nahle García, de Morena, subrayó que se trata de recuperar el dinero invertido porque es parte del Presupuesto, donde los legisladores sí tienen injerencia.
Además, propuso que la información se solicitara de manera inmediata, y no en un plazo de 15 días como se establece en el dictamen, pero los integrantes de la Tercera Comisión rechazaron modificar el documento.
En su turno, el diputado federal priista, Yericó Abramo Masso, explicó que la divulgación de las diligencias dentro del curso de la investigación, sin que se haya emitido una determinación final, representa un riesgo real en el perjuicio de los investigados.
Al señalar que son legisladores y aquí venimos a construir leyes y a solicitar información, de lo que la Ley establece que podemos hacer; subrayó que también quieren saber si existe un delito y que se sancione al culpable, pero que no se politice la averiguación.
Destacar que el dictamen aprobado que solicita información a la Procuraduría General de la República (PGR) no deberá exceder 15 días.