NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
El compromiso de combate a la corrupción, principal oferta de Andrés Manuel López Obrador, pierde la oportunidad de crear un escenario de confianza en la Justicia con la decisión en la SCJN de suspender cualquier investigación contra el presidente Enrique Peña Nieto y miembros de su gabinete de parte de la Fiscalía de Chihuahua. En los hechos, el máximo Tribunal se abroga la facultad de escoger cuáles casos no se lleven a los tribunales, sin ir al fondo del asunto. ¿Cuáles serían entonces los casos en que el próximo gobierno pondrá la fuerza de las instituciones para dar credibilidad a la lucha anticorrupción?
A un mes de dejar el gobierno, la orden de la Corte supone un blindaje para el Ejecutivo en las indagatorias contra el exsecretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez, y cualquier otro funcionario federal imputado por el presunto desvío de 270 millones de pesos para las campañas de su partido en Chihuahua, incluido el Presidente. Bajo la forma de un amparo encubierto, la medida también ofrece a los posibles funcionarios implicados conocer el contenido de las pesquisas. Es decir, acceder al expediente antes de que la Fiscalía lo presente ante un juez. Un trato que cualquier ciudadano perseguido por la Justicia quisiera recibir, pero nadie podría merecer si se cumpliera, por ejemplo, esa máxima tan repetida por López Obrador de “al margen de la ley, nada, por encima de ella, nadie”.
El salvavidas lo obsequió el ministro Eduardo Medina Mora, extitular de la PGR, quien llegó a la Corte propuesto por Peña Nieto, pero impugnado por su perfil y cuestionado por organizaciones civiles por las denuncias de violaciones a derechos humanos en la guerra contra el narco mientras encabezó el Ministerio Público. La Corte admitió la controversia de la Consejería Jurídica de la Presidencia para determinar si funcionarios federales pueden ser juzgados por los estados y ordenó detener las indagatorias como medida cautelar porque esa duda abre el “grave riesgo de impunidad generalizada”.
Como es usual en el poder judicial con casos del mundo de la política, un problema formal sobre límites de competencias se superpone al fondo de la cuestión, eso sí, justificando que no prejuzga sobre “la probable responsabilidad” de funcionarios sujetos a investigación. La defensa de legalidad formal sirve para anular un proceso contra la corrupción, y además, en nombre de la impunidad, de la que en cambio goza el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, fugado de la Justicia por la acusación de desvíos de recursos públicos.
En otros países con graves niveles de corrupción e impunidad generalizada como México, el derecho penal ha acogido el “criterio de oportunidad” para que los fiscales privilegien casos emblemáticos que rescaten la credibilidad del Estado de derecho ante la imposibilidad técnica y humana de resolverlos todos. La tentativa de la Corte de asumir ese papel por la vía de los hechos restringe a las fiscalías del país esa facultad, bajo la justificación de evitar un conflicto de competencias con la federación. Es decir, se supedita la justicia a problemas de responsabilidades o a fallas en el federalismo.
En efecto, la presentación de una demanda de amparo disfrazada por parte del Ejecutivo no tiene precedente, como tampoco su admisión en la Corte, salvo que el máximo Tribunal resuelva que es más peligroso para el problema de impunidad generalizada ahogar una investigación contra el Presidente que un asunto de invasión de competencias de un estado a la Federación.
El alcance de la resolución podría afectar no sólo a los fiscales locales, también obstaculizar la oportunidad del próximo fiscal general para entrar en casos de corrupción del pasado, aunque el Presidente electo haya ofrecido no perseguirlos en un “borrón y cuenta nueva”. Si bien es imposible aplicar tolerancia cero a los actos de corrupción pasados, tampoco es posible construir una política anticorrupción con el perdón a todos corruptos, y menos a los casos que pueden resultar ejemplares por su interés público y relevancia social.