«Que la coalición Va por México defina si está por un modelo efectivo de servicio público, que garantice a la electricidad como precondición para gozar de los derechos humanos consagrados en la Constitución y con ello bajen los precios de la luz para beneficiar a 43 millones de familias mexicanas, a 3.2 millones de pequeños comerciantes y empresarios, a productores agrícolas y a los 2 mil 46 ayuntamientos; a la soberanía energética de México; a la planeación de la industria eléctrica y a la libre competencia, bajo un esquema de participación mixta, 54 por ciento al Estado mexicano y 46 por ciento al sector privado y a impulsar el desarrollo económico, la transición energética; o a sacrificar a su país en aras de defender intereses privados nacionales y extranjeros».