La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Gabriela Sodi Miranda, planteó la necesidad de legislar y sancionar en el Código Penal Federal, prácticas dolosas para infectar a personas, con el Virus de Inmunodeficiencia Humana VIH-SIDA.
Lo anterior, explicó, en la disposición de priorizar leyes que den certeza jurídica y legalidad sobre este padecimiento que, con base en acuerdos internacionales, debe quedar erradicado en el año 2030.
Además, la legisladora federal pidió ser muy puntual para “no criminalizar el contagio”, ya que –reconoció- existen prácticas riesgosas que llevan a la propagación del VIH-SIDA, y que no podrían ser sancionadas.
Al participar en el foro “El amor en los tiempos del SIDA”, convocado por la Comisión de la Diversidad, Sodi especificó que “las prácticas perniciosas de venganza que buscan propagar el virus -tal como se describe en el artículo 199 Bis del Código Penal Federal- deben censurarse y sancionarse”. La sociedad –dijo- no puede ser indiferente e indolente ante acciones contrarias a las políticas que trabajan fuertemente contra el padecimiento cuyo primer caso fue detectado en octubre de 1981.
Lo anterior, destacó, toda vez que en 2016 diversos países acordaron una estrategia mundial para erradicar dicho padecimiento, poniendo como meta el 2030. Y a siete años de la fecha límite, la diputada perredista urgió a trabajar en conjunto legisladores y sociedad para perfilar acciones y prácticas (con dolo) que deberán ser tipificadas en el Código Penal.
“Lo que nosotros estamos intentando –citó- es que se especifique claramente la intencionalidad con la cual se produce el contagio”.
Sodi Miranda, detalló que en México -según el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud- más de 340 mil personas viven con VIH-SIDA, todas las cuales enfrentan una doble vulnerabilidad: Por una parte, la criminalización, discriminación, y estigma social; y por la otra, los altos costos porque los reservorios de salud son catastróficos para el Estado, y éste no puede solventarlos, de ahí que organizaciones de la sociedad civil habían venido operando en apoyo a mucha gente; pero lamentablemente –recordó- Morena y sus aliados los ahorcaron al eliminar los fondos y fideicomisos que se destinaban para estos fines, con el pretexto de que había corrupción.