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Continuando con nuestro repaso de los antecedentes políticos en México que nos han traído al estado en que actualmente nos encontramos, ahora entramos en la breve descripción del gobierno de Carlos Salinas de Gortari (CSG), quien, en una elección sumamente cuestionada, tomó posesión como presidente de la República.

En la campaña de esa elección, contendieron, aparte de CSG, por el PRI, Manuel Clouthier, por el PAN, Cuauhtémoc Cárdenas, por una coalición de partidos de izquierda, llamada Frente Democrático Nacional.

En ese entonces (1988), la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a cargo del hoy presidente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, era también el presidente de la Comisión Federal Electoral de la propia SEGOB (curiosamente tenía las mismas siglas que la CFE de ahora), cuya dependencia manejaba la administración de la elección, fungiendo como árbitro electoral.

El día de la elección, el programa de resultados electorales preliminares (PREP), que es un sistema que captura los resultados transcritos en las actas electorales de las casillas, dando los resultados provisionales de la elección antes de que se revisen irregularidades que hayan acontecido en las casillas, informó que los tres candidatos estaban con números muy parejos, pero llevando Cárdenas la delantera. De repente el PREP dejó de funcionar, apareciendo Bartlett ante los medios para anunciar “la caída del sistema”, para que poco tiempo después el panorama cambiaba mostrando a CSG como ganador de la elección.

Después de gran alboroto mediático y protestas ciudadanas, la CFE otorgó el triunfo a CSG.

Tiempo posterior, se resuelve por el Congreso de la Unión quemar los paquetes electorales como lo disponía la ley, habiendo apoyado el PAN dicha resolución, a través de Diego Fernandez de Ceballos, como su vocero.

A partir de esa cuestionada elección, el gobierno de CSG tuvo acercamientos con el PAN a fin de generar en México un ambiente de gobernabilidad. En ese entonces el PAN era presidido por Don Luís H. Álvarez, quien tuvo a bien proponerle al gobierno de Salinas una serie de reformas a las leyes que siempre el PRI le había negado, como una liberalización del sistema de reforma agraria que permitiera la venta de tierras ejidales para romper con la dinámica de falta de competitividad del campo, así como el reconocimiento legal de las iglesias, generándose un sistema ordenado de registro de iglesias y ministros de culto religioso, establecer políticas públicas para generar una libre competencia privada, con poca interferencia de los múltiples sindicatos llamados charros, que eran comandados por el PRI, así como una desvinculación del gobierno en actividades económicas.

Estos cambios fueron aprovechados políticamente por el PAN para impulsar su agenda ideológica de libertad económica e intervención del Estado como regulador y no como agente económico. Además de lo anterior, muchos de esos cambios eran necesarios para cumplir con los compromisos que México necesitaba cumplir, conforme a lo exigido en el GATT (Acuerdo General de Tarifas y Comercio, por sus siglas en inglés), que previamente había adquirido el gobierno de Miguel de la Madrid, aunado a los cambios que serían necesarios para cumplir con los requerimientos del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), proyecto insignia del gobierno salinista.

A todo lo anterior, la oposición de izquierda se enfrentó con serias críticas de que el gobierno, con el consenso del PAN, “entregaría a México a los pulpos de la inversión extranjera”, generándose por primera vez la conversación de que PRI y PAN iban en la misma ruta.

Considerando que los jóvenes integrantes del gabinete presidencial de Salinas eran en su inmensa mayoría economistas y financieros, egresados del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), con maestrías y doctorados de universidades estadounidenses, como la Universidad de Chicago, el MIT y Harvard, impulsaron una agenda de liberalismo económico y globalización, con menor intervención del Estado, habiéndose entonces identificado como los “neoliberales”.

Procederemos con esta reseña en nuestra siguiente entrega.

Coyuntura: la extensión de los términos de mandato del presidente de la Corte y de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, son inconstitucionales, porque la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, es una ley orgánica de la Constitución que no puede contradecir los plazos establecida por ella. Punto, no hay mayor discusión.