Con 305 votos a favor, 97 en contra y 62 abstenciones, diputados federales aprueban en lo general y artículos no reservados, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Después de cinco horas de discusión a favor y contra, Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro solicitó la votación. Previo a esto los ánimos de calentaron entre los legisladores de Acción Nacional y de MORENA, lo que ocasionó un llamado de atención y receso; debido a que no hubo respuesta satisfactoria de Muñoz Ledo levantó la sesión, sin convocar a la próxima.
Entre la sorpresa de muchos; los líderes parlamentarios se fueron con el presidente de la Mesa Directiva tras banderas, luego de 40 minutos acordaron iniciar sesión vespertina para discutir y votar los artículos reservados.
Destacar que la reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que el presidente de la República, puede constituir comisiones consultivas y presidenciales a través de decretos para el mejor despacho de los asuntos a su cargo.
El dictamen que reforma el artículo 21 antes mencionado, cita que las comisiones intersecretariales que ya existen en la ley, serán aquellas creadas por el primer mandatario para el despacho de asuntos en que deban intervenir varias Secretarías de Estado y estarán integradas por los secretarios de Estado o aquellos funcionarios de la Administración Pública Federal.
Menciona que serán comisiones consultivas aquellas conformadas por profesionales, especialistas o representantes de la sociedad civil, de reconocida capacidad o experiencia, con el fin de resolver una consulta determinada o emitir una opinión sobre algún tema especificado en el objetivo de su decreto de creación. Podrán ser ubicadas dentro de la estructura de una dependencia del Ejecutivo. Sus conclusiones no serán vinculantes.
Las comisiones presidenciales, agrega, podrán ser conformadas también por ex servidores públicos y funcionarios de otros poderes u órdenes de gobierno. Se constituirán como grupos de trabajo especiales para cumplir con las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, propuestas o emisión de informes que deberán servir como base para la toma de decisiones o el objeto que determine su Decreto de creación.
El documento, puntualiza que todas estas comisiones deberán contener su denominación, nombre de integrantes y respectivos cargos, la definición de quien la presidirá, objeto y funciones que se les asignan y ubicación dentro de la estructura de la Administración Pública Federal, precisando si dependen directamente del presidente de la República o de alguna Secretaría de Estado.
También incluirán el periodo de su existencia, mismo que podrá ser prolongado por acuerdo del presidente de la República, y cuando sea necesario, recibirán la dotación de recursos para su funcionamiento, los cuales provendrán de la entidad pública de la cual dependen.
Señala que el cargo de miembro de cualquiera de las comisiones será honorífico y de confianza, por lo que no inhabilitará la posibilidad de desempeñar ninguna otra función pública o actividad privada.
Al fundamentar el dictamen, la diputada presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, Rocío Barrera Badillo (Morena), explicó que el propósito de la reforma es dotar al Ejecutivo Federal de elementos, que sin visiones partidistas, promuevan la mejor atención de los asuntos.
“Estas comisiones se constituyen como grupos de trabajo especiales para cumplir con las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes que deberán servir como base para la toma de decisiones”, afirmó.
Expresó que se fortalecerá la vida democrática, el establecimiento de mecanismos efectivos e institucionales de rendición de cuentas y la reconciliación de la sociedad; además, insertará al sistema jurídico las comisiones consultivas y presidenciales.
“La propuesta fortalece la tradición institucional que debe caracterizar a la nación y se ha puesto en tela de juicio en varias y complejas situaciones”, agregó.
Expresó que se busca potencializar a las comisiones que el Presidente establezca, a efecto de atender diversos retos del ejercicio de la función pública o cuestiones que, por su complejidad, requieren ser abordadas mediante esquemas que respondan a lógicas distintas a las que caracterizan a los entes públicos, “sin que ello implique aprovechar espacios de obscuridad e imprecisión jurídica para recurrir a las llamadas facultades meta-presidenciales”.
En los posicionamientos, el diputado panista Jorge Arturo Espadas Galván se pronunció a favor de crear estas comisiones; sin embargo, apuntó, “nos abstendremos, porque no podemos, de ninguna manera, dejar en un texto de ley, ni mucho menos en los hechos, ser subordinados del Ejecutivo, ni el Judicial puede serlo. Nos manifestamos a favor de la verdad y de este tipo de comisiones, pero en contra de la subordinación de los Poderes Legislativo y Judicial al Ejecutivo”.
A su vez, el priista. Ricardo Aguilar Castillo sostuvo que las comisiones deben ser un instrumento de apoyo y no de discrecionalidad, tal y como se propone, “pues lejos de ser espacios de liberación técnica, queda en duda la parcialidad y objetividad de sus decisiones y la designación de sus integrantes, particularmente con los que son servidores públicos. Esta propuesta busca abultar más la Administración Pública Federal”.
En tanto que el legislador de PES, José Ángel Pérez Hernández comentó que su voto será en sentido positivo, pues la reforma promueve que el Ejecutivo no se extralimite en sus facultades. “Al crear las figuras consultivas y comisiones presidenciales con miembros de la sociedad civil, académicos, especialistas y los diversos órdenes de gobierno, se logrará atender las necesidades de la ciudadanía con una visión más amplia”.
Al dar su postura del dictamen, la diputada del PRD, Claudia Reyes Montiel se pronunció en contra, pues esta reforma constituye la legalización de quienes le darán asesoría al Presidente, a cambio de influir en las licitaciones o contratos, es decir, se legaliza el “cuatismo”. Es falso que se darán al Ejecutivo federal las herramientas necesarias para conformar las comisiones de la verdad, pues estas se tienen que configurar como instancias de la sociedad.
La diputada de MORENA Araceli Ocampo Manzanares se manifestó, pues con esta reforma se incorpora, las comisiones de gobierno, para concretar las políticas públicas comprometidas por el próximo Ejecutivo, en beneficio de las víctimas, como es el caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.