El incremento en el precio de productos de la canasta básica registrados durante las últimas semanas –previo a las elecciones del 6 de junio-, es un factor que está preocupando a dueños y encargados de establecimientos del pequeño comercio, quienes prevén la posibilidad de que después de las elecciones se genere una escalada de ajustes que afectará más a millones de consumidores quienes aún no han podido recuperar el poder adquisitivo de sus salarios, luego de los recortes que la mayoría de empresas y centros de trabajo realizaron para enfrentar el cierre de la economía durante el 2020 y principios del 2021.
Ejemplo claro de estos incrementos lo tenemos con el precio del maíz, el cual provocó que la tortilla subiera entre 1 y 3 pesos para venderse entre 15 y 18 pesos el kilo en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Por supuesto que el primer impacto se ha dado en la economía de las familias, pero también tenemos que considerar que el fenómeno se está resintiendo en todos los negocios en pequeño dedicado a la alimentación y que tienen al maíz-tortilla como uno de sus productos esenciales como son: taquerías, fondas, restaurantes y puestos fijos y semifijos de comida rápida (que venden tamales, atoles, quesadillas, flautas, sopes, chilaquiles, etc.)
Además, estos giros también están resintiendo los incrementos en los costos del gas licuado necesario para la preparación de alimentos, y la gasolina que se requiere para el transporte de mercancías. Por separado, tanto el gas como la gasolina han tenido un incremento promedio de 2 pesos por litro de diciembre a la fecha. El resultado de los aumentos es que cada negocio tiene que invertir entre 800 y mil 200 pesos más, cada mes para poder surtirse y que aún no pueden repercutir los costos en los precios de sus productos, porque simple y sencillamente los clientes no están en la posibilidad de pagarlos.
El problema se agrava cuando se consideran las alzas que han tendido los precios de otros productos que son necesarios para el comercio de alimentos como la carne de pollo, res y puerco, así como del huevo y algunos vegetales, semillas y hortalizas. Por ejemplo el kilo de lomo de cabeza de cerdo que a finales del año pasado se compraba en 75 pesos, ahora se encuentra en hasta en $ 105 pesos precio mayoreo, lo cual representa un incremento de más del 40 por ciento.
Incluso, se tiene que considerar que el precio del maíz siempre va relacionado al del trigo y que si uno sube el otro también va a la alza. Esto significa que miles de panificadoras podrían ver afectados sus precios en las próximas semanas como resultado de los incrementos que han tendido los productos básicos.
Mientras que los comerciantes en pequeño y los dueños de empresas familiares están teniendo que sortear las dificultades de la recesión económica sacrificando las ganancias e incrementando los adeudos, sorpresivamente nos enteramos que el gobierno federal invertirá 596 millones de dólares en la compra de la refinería Deer Park de Shell pagando 106 millones de dólares en efectivo y que al parecer tiene adeudos por 908 millones de dólares, asunto que no se ha dicho.
Esta inversión o al menos una parte de lo que ella representa, ha sido reiteradamente solicitada para invertir en la reactivación de pequeñas y medianas empresas –a través créditos blandos a tasa 0% y fondo perdido-, que han perdido su capitalización luego de más de un año del cierre de la economía, sin que la solicitud haya sido escuchada.
A más de un año de que estalló la crisis sanitaria y económica, aún no sabemos cuál es el plan de apoyo a nuestro segmento de negocios, más allá de los préstamos de $ 10 y 25 mil pesos que se ofreció desde la administración pública y lo cual no pueden ser considerados como el plan de rescate que necesitan los negocios familiares para sobrevivir a la pandemia sanitaria y económica.
Durante décadas, fue común que después de un proceso electoral se liberaran los precios de productos de consumo popular. Entendemos que este año las presiones se vienen acumulando desde finales del 2019 y que durante el 2020 muchas de las empresas hicieron esfuerzos para evitar incrementos.
Lo preocupante para el pequeño comercio es que ya se empezaron a registrar las alzas y que estas se podrán incrementar luego del proceso electoral del próximo 6 de junio.
Debe quedar claro que al exponer nuestras preocupaciones, no queremos inducir que el gobierno debe intervenir imponiendo precios fijos desde un escritorio o bajo criterios burocráticos. Lo que el comercio necesita son precios estables (no fijos) que sean el resultado de inversión real, competencia basada en el piso parejo y reglas claras, así como el fomento del trabajo digno para que todo esto ayude a la recuperación del poder adquisitivo del salario y el consumo de los trabajadores en el pequeño comercio y las empresas familiares.