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>> Solicita a los senadores se den el tiempo suficiente para reflexionar con profundidad, analizar con prudencia y reconstruir el dialogo con todos los sectores de la sociedad, más allá de partidismos

En razón de que la propuesta del Ejecutivo, no responde a una revisión integral del sistema judicial, ni garantiza una mejor y más cualificada impartición de justicia, más aún, afecta la autonomía del Poder Judicial y pone en entredicho la división de poderes que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Conferencia del Episcopado Mexicano externa su preocupación.

En comunicado de prensa, le piden a los senadores escuchen el punto de vista de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, a los Jueces y Magistrados, ministros y ministras.

“Alentamos a continuar las reflexiones de colegios de abogados, estudiantes y profesionistas en las que manifiestan que la elección para el cargo de Jueces y Magistrados, además de politizar y debilitar la impartición de la justicia en México, no ofrece ninguna garantía para superar la corrupción y la impunidad que requiere urgentemente la ciudadanía”, señalan en el texto.

En el documento manifiestan su confianza para que el Senado de la República, tomando en cuenta su gran responsabilidad y la trascendencia del tema, se den el tiempo suficiente para reflexionar con profundidad, analizar con prudencia y reconstruir el dialogo con todos los sectores de la sociedad, más allá de partidismos, contemplando el bien de la nación, a fin de que se avance a una reforma integral que incluya a las fiscalías, los tribunales locales, el respeto a la carrera judicial, así como la justicia federal tan necesaria para el país.

Recuerdan que los Obispos de México junto con otras instancias de la Iglesia y la sociedad civil, promovieron desde el 2022 una serie de diálogos con distintos sectores de la sociedad que culminaron en la Agenda Nacional por la Paz, presentada en su momento a quienes buscaban la Presidencia de la República en el pasado proceso electoral, donde se expresa la necesidad de reconstruir de forma integral la justicia en México en todos sus niveles, un reclamo de la sociedad mexicana, especialmente de las víctimas de la violencia criminal generalizada en todo el país y la impunidad propiciada por las limitaciones y la corrupción de algunos impartidores de justicia.