A fin de tener un fiscal autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, pero sobre todo que dé certeza en su actuar, el colectivo “Fiscalía que Sirva”, entregó propuesta ciudadana para reforma el artículo 102 Constitucional referente a la designación y diseño de la Fiscalía General de la República.
Al dar lectura a su mensaje, la vocera de las organizaciones agrupadas en el colectivo, Haydeé Pérez Garrido dijo que su planteamiento privilegia la construcción de una Fiscalía General con los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir con sus funciones, y para que tenga los controles democráticos adecuados.
“El dictamen ciudadano sólo se pronuncia por un proceso abierto, competitivo y meritocrático. Queremos una Fiscalía fuerte, pero con un mecanismo de control interno y de rendición de cuentas”, añadió.
Ante los congresistas, recordó que el presidente Enrique Peña Nieto envió una iniciativa para suprimir el llamado pase automático, frente a ello señaló “coincidimos con esa iniciativa, pero es insuficiente. Proponemos un mecanismo de designación de su titular basado en la evaluación profesional, mediante un procedimiento público en el que participe el Ejecutivo federal y el Senado de la República; acompañado por la observación y la opinión de una comisión ciudadana”.
A su vez, Ana Lorena Delgadillo, del colectivo “Fiscalía que Sirva”, se pronunció por mejorar el perfil del titular, porque los elementos contenidos en la Constitución son insuficientes; y para la elección se propone crear una comisión de designaciones, que será un órgano técnico y ciudadano que se encargará de hacer un examen técnico de los candidatos.
Dejo en claro, que el procedimiento debe ser claro, con transparencia, publicidad y participación ciudadana efectiva, para que haya una real auscultación de las cualidades de los aspirantes. También se tiene que regular cómo será la remoción, que seguirá el mismo procedimiento que la designación.
En la propuesta que presentan, dijo se busca clarificar las reglas de competencia, mediante dos principios: que no se fraccionen las investigaciones y atender el fenómeno de macro-delincuencia, es decir, que cuando haya delitos que se presenten en varios estados, la investigación tendrá que ser atraída por la Federación.
Además proponen crear el consejo del ministerio público, conformada por el Fiscal General de la República y seis miembros más fungirá como “un ojo ciudadano” encargado de evaluar el funcionamiento de la Fiscalía, y supervisar el presupuesto, las normas administrativas y el reglamento interior.
También la iniciativa plantea el servicio de profesionalización del personal, para que no haya pase automático del actual Procurador General de la República, pero tampoco del personal; “tiene que haber un proceso de depuración”, explicó.
Añadió que se mantienen las fiscalías especializadas, la electoral y anticorrupción, y se sugiere crear una de derechos humanos, para atender delitos que impliquen violaciones graves a derechos humanos, y delitos que cometan servidores públicos de la Fiscalía General de la República.
La iniciativa que presentaron está respaldado por 300 organizaciones agrupadas en los colectivos “Fiscalía que Sirva y Vamos por Más”, las cuales buscan que se conforme un órgano que garantice salir del problema de impunidad y corrupción que enfrenta el país.
Al respecto, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero señaló que dicho órgano legislativo coincide con la propuesta ciudadana para reformar el artículo 102 constitucional, por lo que en breve se establecerán los mecanismos para procesar el documento.
El senador panista, explicó que al entrar a los detalles, la discusión deberá darse de forma trasparente, constructiva, amplia y profunda.
Destacar el presidente estuvo acompañado por Gerardo Flores Ramírez, secretario de la Mesa Directiva, los vicepresidentes del Senado de la República, David Monreal Ávila y Octavio Pedroza Gaitán, así como por Rosa Adriana Díaz Lizama, secretaria de la Mesa Directiva y la Sonia Mendoza Díaz, integrante de la Junta de Coordinación Política.