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Miguel Gaytán, Línea Política, 19 de marzo del 2015.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Julio César Moreno Rivera, turnó a las comisiones de Gobernación y de Transparencia y Anticorrupción la minuta de la Ley General de Transparencia y de Información Pública que reglamenta lo establecido en el Artículo 6 de la Constitución.

El texto señala que cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, estatal o municipal deberá informar a la opinión pública a dónde canaliza estos recursos.

En este contexto el diputado presidente que el Senado haya aprobado la Ley General de Transparencia e hizo un llamado para que la cámara alta también aborde con celeridad el Sistema Nacional Anticorrupción, que le turnó San Lázaro.

Esta reforma va a ser trascendental, obliga a entes públicos y privados a la transparencia, indicó.

Moreno Rivera expresó que con la misma celeridad que el Senado de la República trató el tema de la Ley General de Transparencia, saque la minuta que le envió la Cámara de Diputados sobre el Sistema Nacional Anticorrupción.

“Yo haría un respetuoso exhorto al Senado para que le dé celeridad al tema que aquí se trabajó y se consensó, el de anticorrupción. Debemos ser congruentes”, sostuvo.

Comentó que la Cámara de Diputados ha turnado al Senado unas 194 minutas, de las cuales sólo han regresado unas 90 y cerca de 100 están pendientes, entre ellas la de anticorrupción.

Por su parte Ricardo Anaya Cortés, coordinador de la bancada del PAN, subrayó que es  indispensable que el Congreso de la Unión le dé la máxima prioridad a la discusión de las reformas en materias de transparencia y de corrupción, pues ambas son complementarias.

“Nosotros le daremos prioridad máxima a la reforma en materia de transparencia en la Cámara de Diputados, pedimos que en el Senado se le dé la misma prioridad al Sistema Nacional Anticorrupción, porque si no salen ambas, el Congreso mexicano le estaría fallando al pueblo de México”, dijo. 

Anaya Cortés hizo un llamado a la cámara alta para que le dé la máxima prioridad a la discusión de la reforma en materia de anticorrupción, “así como nosotros le vamos dar la máxima prioridad a la discusión de la reforma en materia de transparencia”. 

“Deben salir ambas reformas, una sin la otra no va a funcionar, tanto transparencia como anticorrupción son complementarias, indispensables para que los corruptos no se roben el dinero, no desvíen el recurso público, para que quien lo haga reciba una sanción ejemplar, incluyendo la cárcel”, destacó. 

Así mismo consideró “muy importante que ahora  los funcionarios no sólo se haga declaración patrimonial, sino también la declaración de intereses”, lo cual combatirá la corrupción en el país.

“Un debate que queda abierto es no solamente la obligación de presentarlas, sino que eventualmente se tuvieran que hacer públicas. Ése seguramente será un debate posterior”, subrayó. 

El legislador panista puntualizó que él, como legislador de oposición, le ha entregado al propio gobierno su declaración patrimonial. 

“Sería conveniente que las declaraciones patrimoniales sean públicas, me parece que sería lo más saludable para la democracia, para la transparencia y para la rendición de cuentas”, puntualizó. 

En su oportunidad,  Miguel Alonso Raya, coordinador de los diputados del PRD, afirmó que la Cámara de Diputados debe allanarse a la minuta que llegó del Senado sobre Ley General de Transparencia y de Información Pública, para no obstaculizar el proceso y tenerla rápidamente aprobada.

Dijo que es necesario comprometerse para “que a más tardar la segunda quincena de abril, se esté discutiendo en el Pleno de la Cámara” y quedé preparada para que en “la próxima legislatura no haya pretexto y se cumpla con todo lo que establece la Ley de Transparencia”, indicó en declaraciones a la prensa. 

Sostuvo que está reforma obliga a transparentar y permitir el acceso a la información de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, estatal o municipal.

Alonso Raya afirmó que sería prudente que la Cámara de Diputados construya un acuerdo con el Senado para que en San Lázaro se apruebe esta Ley de Transparencia y en la cámara alta se procesen las reformas para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, “ya que éstas embonan”, finalizó.