El control de la información acaba por conculcar derechos y afectar el interés general
NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
La información es poder, como dice el lugar común, porque su control permite tomar decisiones o beneficios lejos del escrutinio público. Por eso la transparencia es el mejor antídoto en democracia, pero nada más alejado de su sentido que confundirla con la filtración desde el poder para aplacar la crítica; tampoco apelar a ella como mascarada de intereses para golpear a un gobierno sin que la acompañe la investigación y verificación periodística. Lo primero se llama abuso de autoridad y lo segundo, manipulación informativa.
La reflexión viene a cuento por la confrontación inusual del gobierno de López Obrador con algunos medios y columnistas a los que acusa de recibir una crítica sistemática y generalizada a pesar de su alta aceptación popular. Esta clase de reclamo, desde el gobierno, suele estar mal planteado porque la función de la prensa no es como esa ave amaestrada que se lleva a la caza para que con su canto atraiga otras especies. Eso es propaganda.
En efecto, el problema no puede ser la natural supervisión y examen de sus políticas o sus decisiones, tampoco parte de la opinión pública desfavorable, ambas condiciones del debate público y la rendición de cuentas. El control de la información o su manipulación puede hacer más fácil la labor de gobernar en lo inmediato, pero siempre acaba por conculcar derechos y afectar el interés general.
Esta semana, la polémica subió de tono cuando el Presidente acusó que el “hampa del periodismo” hace propaganda en su contra, al tiempo que apela a la transparencia para que se dé a conocer quién filtró una lista, en su poder, de periodistas que recibieron dinero público en el sexenio de Peña Nieto por “publicidad oficial”. La cuestión es que la transparencia se convierte en ardid cuando la autoridad la usa como arma arrojadiza en el debate público en vez de mantenerse en la respuesta a críticas o denuncias; y sin acompañarse de medidas para transparentar la relación con los medios, por ejemplo, con la regulación de la publicidad oficial sin margen para la asignación discrecional.
Ningún gobierno desde la alternancia ha renunciado a ese instrumento de control político, tampoco el actual, aunque ofrezca un recorte de 50%. La Ley General de Comunicación Social de la anterior legislatura está impugnada en la Corte precisamente por deficiencias para establecer reglas claras para la contratación.
La ausencia de una buena regulación, como señaló la CNDH al impugnarla, representa riesgos para la libertad de expresión, así como para el derecho de acceso a la información plural, pues la ausencia de tales reglas genera efectos silenciadores y disuasivos entre los medios. Pero también puede generar un efecto contrario, como hacer de las líneas editoriales espacios adversos y alejados de la función de supervisión y vigilancia democrática para reclamar apoyos oficiales. Lo primero da lugar a formas de censura indirecta, y lo segundo se llama chantaje.
La filtración opaca la transparencia y descuadra el debate, que debía centrarse en cómo modernizar esa relación, no sólo con el Federal, sino también con estados donde se asignan discrecionalmente presupuestos millonarios. El monto de la lista de 36 periodistas por unos 1,000 millones de pesos es una mínima parte de la “inversión” publicitaria de Peña Nieto por más de 60,000 millones de pesos en su sexenio. ¿Por qué se ventiló una lista parcial? ¿Por qué y para qué de esos apoyos? ¿Cuáles son los criterios? ¿Quién la filtró? Algo de lo que han tratado de explicar los señalados, pero que en modo filtración deja más dudas que certeza sobre el inveterado problema de las tramas de poder, dinero público y corrupción en el país.
Por ello, la mejor manera de encauzar la polémica es aprovechar para regular la publicidad oficial y abrir los entretelones desde donde la autoridad esconde la mano para lanzar la piedra de “chayotera” a la prensa para descalificarla sin reparar en que no hay transformación posible sin ella.