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NÚMERO CERO/ EXCESIOR

El pasteleo y el juego sucio de insultos en el Congreso desgasta las instituciones y la política en un tobogán arriesgado en que resbalan los kamikazes. El diferendo presupuestal sobre la consulta de revocación de mandato tiene todos los ingredientes para minar un ejercicio de participación ciudadana que tiene alcances de una elección presidencial porque puede determinar la conclusión anticipada del mandato de López Obrador por pérdida de confianza, pero es difícil recordar un proceso democrático más incierto e inseguro en los últimos tiempos.

Al calor de la discusión del presupuesto para 2022, el gobierno y Morena en el Congreso se han enzarzado en otra confrontación con el INE sobre recursos para organizar la consulta, en la que el ataque político y la desinformación sustituyen al diálogo y la discusión técnica. La desavenencia revela que el interés por el procedimiento para ejecutarla es, al menos, secundario respecto a las añejas rencillas que suelen manifestarse en riñas y actos de venganza dentro del largo enfrentamiento con la institución o, peor aún, llevar a preguntarnos quién y por qué está interesado en que la consulta salga mal o de mala manera o de plano no salga.

En el presupuesto se recortan 5,000 millones de pesos al INE, lo que según éste pone en riesgo el proceso para recolectar firmas y la convocatoria de una consulta que ha sido prioridad política de López Obrador. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, rechaza que exista ese peligro y asegura que el INE dispone de esos recursos en fideicomisos institucionales, aunque su saldo de $1,353 millones es insuficiente para los $4,000 de la consulta y alega que no puede usarlos para otros fines que el mantenimiento de su infraestructura y pasivos laborales. El entuerto es complejo por el daño al INE, si no pudiera cumplir ese mandato constitucional, o para la promesa presidencial de preguntar a la ciudadanía, por primera vez en la historia del país, si continúa en el cargo.

La revocación de mandato, aunque la ley apenas se aprobó en septiembre pasado, se planeó en un contexto muy diferente al de la pandemia y sus estragos económicos para las inversiones prioritarias de las obras icónicas del gobierno y gastos en salud: El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se ha elevado 128%, el Tren Maya tiene un sobrecosto de 30% y la refinería de Dos Bocas ha aumentado casi $1,000 millones en una larga cuenta que seca las arcas públicas. Al gobierno no le alcanzan los recursos y la escasez lo obliga a reacomodar prioridades entre terminarlas o invertir en la consulta.

Políticamente, el contexto también es distinto por el temor de que no se alcancen las firmas del 3% de la lista de electores que exige la ley o, que el resultado sea un fracaso por baja participación, como ocurrió con el juicio a expresidentes. La idea de la consulta para relanzar al gobierno y ponerlo en campaña hacia la sucesión de 2024 ha dado paso a escenarios que pone en un brete al Presidente como que no tenga efecto alguno por falta de quorum si queda por abajo del 40% para pide la ley para ser vinculante, aunque aun así dice que se iría de resultar negativa.

¿Qué haría el Presidente de no alcanzarse ni el 8% de participación como en la consulta a expresidentes? La duda agudiza la confrontación con el INE, al que deja en la encrucijada de hacer lo imposible para sacarla o declinar su obligación y que podría derivar en una crisis constitucional. Si el gobierno suelta la consulta, el fardo caerá sobre las espaldas del INE junto con las críticas de boicotearla con excesivas exigencias de dinero, como se viene escuchando en el proceso y antes con los sueldos de consejeros o el costo de la institución.

En la “guerra de pasteles” e insultos en el Congreso, la coalición de Morena desecha cualquier cambio al que presupuesto del gobierno. La ríspida comparecencia de Córdova para explicar el presupuesto del INE ya anticipaba el recorte, aunque mucho más difícil advertir que detrás también había una estrategia de repliegue oficial ante los riesgos de la consulta. Alguien en ese caso tendrá que limpiar los pastelazos y, eso seguramente corresponderá al árbitro que no ha logrado quitarse la imagen de institución rica y opulenta que le construye el Presidente desde la conferencia mañanera.