Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que asesora técnicamente al gobierno mexicano y a los padres de las víctimas del caso Ayotzinapa, recomendaron a la PGR reactivar cuanto antes la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre en Iguala con la participación de sus familias.
En conferencia de presa, enfatizaron que se les permita el acceso para entrevistar directamente a los militares del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala –una petición pendiente de respuesta desde hace mes y medio– y sugirió que las más de 13 causas penales dispersas en seis juzgados diferentes sean acumuladas y concentradas en un solo sitio.
Además presentaron los primeros hallazgos y recomendaciones específicas luego de su tercera visita, puntualizaron que la fragmentación de la investigación les genera “preocupación” y recomiendan unificarla, a fin de “mantener la conexidad de los delitos, lograr una visión integral del caso…y evitar la pérdida de evidencia”.
El grupo indicó que en la tercera etapa de la misión se logró analizar el desarrollo de los hechos de la noche del 26 de septiembre en Iguala en más de 10 escenarios y momentos del 26 de septiembre, con lo que a la fecha tienen ya “mayor conocimiento de los lugares donde se dieron los hechos relevantes, los ataques contra los normalistas, los miembros de los Avispones (el equipo de fútbol local que fue víctima colateral del ataque policiaco) y otras personas, los seis autobuses y otros vehículos”.
Como en la presentación del segundo reporte, el GIEI insistió en que los delitos del Caso Ayotzinapa se deben investigar por desaparición forzada, no por secuestro, como figura actualmente en las averiguaciones previas. Pero además deben incluirse otros delitos graves como el de la tortura, en particular en el caso del estudiante Julio César Mondragón, el joven de la Normal Rural desollado por sus atacantes. También citaron los delitos de tentativa de homicidio en el caso de los dos estudiantes que aún permanecen hospitalizados, gravemente heridos después de siete meses.
Y añadieron encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad; uso no adecuado de la fuerza, lesiones y amenazas que sufrieron los normalistas sobrevivientes. “Estos delitos también deben ser adecuadamente investigados”.
Finalmente, en el tema relacionado con la atención a las víctimas, que también entra dentro del mandato de la CIDH, mencionaron que, en el caso del joven que yace en coma desde aquella noche, Aldo Gutiérrez Solano, la Secretaría de Gobernación se comprometió con sus padres obtener “una rápida segunda opinión” médica sobre sus posibilidades de recuperación.
En el caso de Edgar Andrés Vargas, se mantendrá la atención médica hasta su completa recuperación. Y en el caso de Julio César Mondragón, hay un compromiso de atender las necesidades de su familia (una pequeña hija de un año, su esposa, un hermano menor y su madre).
El grupo expresó su esperanza de que este trabajo de búsqueda, interrumpido en los hechos, “se reinicie cuando antes” con la intervención de un grupo de trabajo conjunto que se formará con ese fin.
En su tercer reporte de actividades –los primeros se presentaron el 19 de marzo y el 20 de abril) – y en voz de dos de sus integrantes, Carlos Beristain y Claudia Paz y Paz, el grupo “enfatizó” sobre la necesidad de que el gobierno federal les permita acceso para entrevistar a los militares del Batallón 27 del ejército con sede en Iguala.
Beristain agregó que esta diligencia ante los soldados del batallón es clave en el proceso de esclarecimiento “porque ellos estuvieron en varios escenarios” de los hechos la noche del 26 de septiembre. Indicó que en el expediente de la PGR “ya hay algo de información” relacionada con la línea militar “pero la queremos ampliar”.
El grupo insiste “que no pidió entrevistar a los miembros del 27 Batallón través de la PGR sino de manera directa, a fin de completar información fuera del ámbito judicial”. El GIEI expresó que “espera la cooperación de todas las partes para llevarlas a cabo en su próxima visita, de conformidad con su mandato”.
Hay además otras solicitudes para poder entrevistar a personal de la Policía Federal y la Policía Ministerial que “según diferentes testimonios, estuvo presente en algunos de los escenarios de la primera parte de los hechos del 26 de septiembre”.
Sobre este tema la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dijo va al fondo en la investigación sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre del año pasado.
Así lo aseguró el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, al recibir en sus oficinas a dos expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar este caso.
Durante el encuentro , González Pérez instruyó al primer visitador general, Ismael Eslava, y al titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala, José Larrieta, a profundizar la investigación y análisis de los asuntos señalados en el caso.
La CNDH recordó en un comunicado que en este caso se han señalado hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, como tortura y/o trato cruel, inhumano o degradante.
“Fortalezcamos todo lo que tengamos que fortalecer para continuar con las investigaciones”, subrayó el ombudsman y aseveró que la CNDH tiene la firme convicción de incorporar todo lo que abone al fortalecimiento de las investigaciones.
Por su parte, los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Carlos Beristain y Claudia Paz y Paz, reconocieron la colaboración y disposición de la CNDH durante el desarrollo de sus trabajos.