Miguel Gaytán, Línea Política, 20 de enero del 2014.
El Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García y la Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales del a PGR, Mariana Benitez Tiburcio, advirtieron que la presencia de instancias integrantes del gabinete de Seguridad Pública Federal, ha logrado revertir índices delincuenciales así como la detención de importantes líderes de bandas criminales.
Así se pronunciaron los funcionarios al reunirse con legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del Congreso, que preside la diputada perredista Aleida Alavez Ruiz, para abordar temas de seguridad.
Los funcionarios detallaron las acciones puestas en marcha de manera focalizada para recuperar la paz y la tranquilidad de la ciudadanía, particularmente en zonas como Michoacán, Guerrero, Estado de México y Tamaulipas, puntualizando en cada uno de los casos los alcances de las acciones emprendidas.
Rubido García destacó que del 2012 al 13 mostraron un descenso la comisión de los delitos tales como los de homicidios dolosos y el robo, aunque mostraron una tendencia creciente del orden del 20 por ciento más los secuestros y 13 por ciento más las extorsiones.
En tanto que un comparativo del 2014 con el 2013, muestra que se mantiene la tendencia decreciente en los delitos de homicidios dolosos y robo; pero además se logra revertir la inercia en el alza de secuestros, los que dijo, disminuyeron en un 18 por ciento en el periodo, así como las extorsiones que se redujeron en un 30 por ciento.
Al destacar que al inicio de la presente administración se estableció una lista de 122 objetivos prioritarios, a la fecha 88 de ellos han sido detenidos y en su mayoría merced a labores de inteligencia, sin necesidad de efectuar un solo disparo. Resaltó a manera de ejemplo las detenciones relevantes logradas durante el año anterior como la de Joaquín Guzmán Loera, Héctor Beltrán Leyva y Vicente Carrillo Fuentes.
Tras citar textualmente lo expresado por el Presidente Enrique Peña Nieto en el sentido de que “existen algunas condiciones inaceptables de debilidad institucional que no pueden ser ignoradas”, refirió que el gabinete de seguridad ha impulsado tareas de apoyo a algunas entidades mediante el involucramiento de instancias federales “siempre respondiendo a las peticiones formuladas por los propios estados”, con el propósito de retornar a la normalidad de la vida cotidiana en dichas localidades.
Al comentar las acciones que ha realizado de manera conjunta con gobiernos estatales destacó a manera de ejemplo el caso Tamaulipas donde desde mayo el gobierno de la república coordina una estrategia de seguridad con tres objetivos: desarticular las bandas delictivas que actúan en la entidad, estableciéndose 14 blancos prioritarios, de los cuales han sido neutralizados 9, minando significativamente la capacidad de operación de las mismas; sellamiento de las rutas de
tráfico de mercancías ilícitas considerando que la entidad cuenta con 5 aeropuertos internacionales, dos puertos marítimos y 15 cruces fronterizos formales, y la recuperación de la efectividad gubernamental.
Dentro de su intervención inicial, el Comisionado de Seguridad Nacional no soslayo desde luego los esfuerzos realizados por el gabinete de seguridad en el caso Ayotzinapa, particularmente por
cuanto se refiere a la intensa búsqueda de los estudiantes desaparecidos.
Al respecto, destacó que se han realizado mil 720 patrullajes e inspeccionado 456 puntos a partir incluso no solo de los resultados de las indagatorias ministeriales sino también con base en la información aportada por maestros, estudiantes y sobre todo versiones de familiares de los normalistas desaparecidos, con quienes funcionarios del gobierno federal han sostenido alrededor de 38 encuentros.
Acentuó que fue el gobierno de la República quien realizó la detención inicial de policías de Iguala y Cocula involucrados en el secuestro de los jóvenes, así como de los presuntos autores intelectuales de los lamentables sucesos.
“Todavía, el jueves pasado, fue detenido Felipe Rodríguez Salgado, a quien diversas declaraciones lo señalan como uno de los responsables directos de los hechos en Cocula”, expresó.
Hacia el final de su intervención inicial, Rubido García refrendó que “no ha quedado un solo señalamiento sin ser atendido, en la inmensa mayoría de los casos, de manera conjunta con representantes de los padres de familia”.
De esta manera, el Comisionado de Seguridad Nacional daba respuesta al planteamiento inicial de la diputada Aleida Alavez Ruiz, presidenta de la Primera Comisión de de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Permanente quien al referirse a los lamentables casos recientes, concluí la ineficacia del aparato gubernamental.
“Las violaciones graves a los derechos humanos resultan cada vez más frecuentes en nuestro país. No paramos de asombrarnos desde la masacre de San Fernando, donde nos quedamos estupefactos al saber del homicidio de más de 170 migrantes que fueron encontrados en fosas clandestinas, pasando por la ejecución extrajudicial de 22 personas en el municipio de Tlatlaya, estado de México, y la desaparición forzada de 43 estudiantes en el municipio de Iguala, Guerrero, en donde queda evidente la crisis de Estado en los tres niveles de gobierno”, sentenció.
Rubido García dio respuesta con profusión a los cuestionamientos expresos de la legisladora perredista al demandar no abandonar ninguna línea de investigación en el caso Ayotzinapa y precisar cuestiones como cuántos detenidos hay hasta el momento por este caso, cuántos son policías y cuantos elementos de la delincuencia organizada, cuál el estatus jurídico de los mismos, cuántas fosas clandestinas se han descubierto y cuántos restos se han encontrado, entre otros cuestionamientos.
Por su parte, la Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales del a PGR, Mariana Benitez Tiburcio, recordó que desde el primer día que arribaron a la PGR la actual administración se abocó a realizar un diagnóstico sobre la situación que guardaba la institución, con base en el cual se delineo el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, el que define cuatro ejes esenciales: fortalecimiento de la confianza en las instituciones para buscar revertir la percepción desfavorable de la sociedad sobre las instituciones de seguridad y procuración de justicia; lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente, vía el mejoramiento de las capacidades y herramientas institucionales en el combate al fenómeno delictivo y la reducción de la impunidad.
La funcionaria refirió con profusión acciones de infraestructura, equipamiento y capacitación realizados en cada uno de los rubros para consolidar la actuación de un cuerpo de servidores públicos comprometidos con el país y particularmente con la procuración de justicia.