NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
La reforma eléctrica saldrá de los tribunales o de las urnas. Ése el mensaje con que el Presidente emplaza al Poder Judicial y mete de lleno el tema en la campaña electoral. El discurso confronta límites y el contrapeso de los jueces, aunque frágiles y susceptibles a las poderosas palabras presidenciales. Cargan con la desconfianza en la actuación de la justicia, que el gobierno aprovecha para golpear y aflojar la resistencia. De todas formas, si la batalla legal se empantanara, queda el camino de la elección, que es donde la 4T quiere llevar el asunto para convertirlo en un plebiscito de orgullo nacionalista.
El choque con los jueces por la suspensión de la Ley Eléctrica, no obstante, deja ver incomprensión sobre el país y la imposibilidad de regresar a tiempos pasados, por más que haya vuelto una presidencia fuerte. Hay mecanismos legales y frenos institucionales que no operaban en el antiguo régimen y ahora juegan en las decisiones nacionales, como la de desechar la reforma energética de 2013 sin pasar por la Constitución para devolver el control a la CFE del mercado nacional. Aunque ya se comienza a agitar esa bandera ante el parón de amparos que la detienen desde el día siguiente de entrar en vigor. La defensa y protección de las empresas nacionales de energía servirá para apelar al voto y retener el Congreso en las urnas con las gestas de la soberanía energética de otras épocas.
Pero las formas discursivas de la confrontación no sólo calan entre las empresas afectadas por el cambio de reglas eléctricas y los calificativos de “neocolonialistas”, sino lo más grave es que dejan mayor erosión en la credibilidad de la justicia. El gobierno tiene rutas legales para apelar a los jueces, como las impugnaciones que ya presentó la Sener contra los primeros amparos de los 27 que suman contra la ley. El litigio apenas comienza, aunque en el alegato público ya forma parte del combate político contra la ambición de “malandros y fifís” que manipulan la justicia para imponerse al interés nacional. La confrontación es contra un “puro jurídico” de empresas nacionales y extranjeras que se valen de los jueces para oponerse a la Ley Eléctrica, como calificó el Presidente en su carta a la Corte al pedir investigar al juez de las primeras suspensiones, no para demostrar su constitucionalidad o no.
Es cierto que el recurso del amparo se ha prestado a abusos de abogados “leguleyos” y jueces que negocian la ley en detrimento del acceso a la justicia. Pero eso no se corrige con la denostación de jueces desde la tribuna presidencial para presionar cuando no favorecen a las políticas del gobierno. En efecto, las últimas reformas a esa garantía no desterraron vicios y jueces domesticados por los poderes fácticos, pero las desviaciones no se eliminan con discursos que debilitan su autonomía.
Sobra decir que la solicitud de investigar al juez o las apelaciones no son un atentado contra la independencia judicial, incluso la expresión del desacuerdo con sus decisiones. El punto es que, en el mundo de la política, las palabras son, de facto, acciones, porque tienen consecuencias, entre ellas el grave riesgo de profundizar la desconfianza en la justicia como invitación al desgobierno. La descalificación presidencial de los jueces no aspira a reducir el descrédito en el Poder Judicial, sino a promoverlo para apuntalar sus políticas y, en este caso, salvar la Ley Eléctrica.
Por ello, vale poner el foco en el lenguaje político del Presidente, que está en el sustrato del choque violento, y no distraerse en la transgresión de procedimientos institucionales de la relación entre poderes. Es el discurso el que se configura para usar la desconfianza hacia los jueces como hecho verificable o prueba consumada de la existencia de una conspiración contra el plan energético de la 4T y del rescate de la soberanía nacional hacia las urnas. Tampoco aceptar que se proyecten suspicacias, como investigar a un juez por actuar “de manera veloz”, sin pruebas, salvo que se acepte que, en el discurso público, la ciencia o los procedimientos legales son una mera opinión. Tan es así, que Morena ya se apresta a respaldar al Presidente con una reforma legal que evite que el amparo pueda detener obras de gobierno. Ahí el foco de atención.