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NÚMERO CERO/ EXCELSIOR

El gobierno emprende una fuga hacia adelante con una reforma energética tras estrellarse en los tribunales por la Ley Eléctrica. La nueva vuelta de tuerca del giro nacionalista de su proyecto esculpe el país que quiere someter a las urnas y la configuración del teatro de enemigos en la estrategia para conservar el control del Congreso. Su iniciativa profundizará los frentes abiertos con empresas privadas nacionales y extranjeras del sector, aunque otra vez el fortalecimiento de las compañías estatales de petróleo y electricidad va en contrasentido del escenario de futuro mundial de energías limpias.

“Huir hacia adelante” porque es seguir de frente sin reparar en señales que usualmente sirven para corregir el rumbo. Es una decisión que ocurre cuando se prefiere escapar de situaciones conflictivas, sin afrontarlas ni resolverlas, persistiendo en la conducta. En este caso, persistir en el proyecto energético de la 4T a pesar de que el propio gobierno sabe que no hay condiciones para concretarlo; la apuesta ahora es reforzar el control sobre el mercado de hidrocarburos como salida al debilitamiento de Pemex, ahogado en una deuda de 110 mil millones de dólares.

Reformar la Ley de Hidrocarburos es un nuevo intento por rescatar a Pemex y darle un papel preponderante en ese mercado frente a los privados, cuya presencia es de por sí limitada con la cancelación de nuevas concesiones y ahora mayores facultades del gobierno para sancionar a los permisionarios si prospera en el Congreso. No así los concesionarios del mercado de combustibles, a los que la ley permitiría suspender o intervenir ante “riesgo inminente” a la seguridad nacional, como sería afectar la política de reorientación del petróleo a la refinación, almacenamiento y distribución de gasolina. El conflicto que se avecina después de la reyerta con jueces y la IP por la Ley Eléctrica acentúa la fragilidad económica y ahuyenta más la inversión ante las señales de duda y críticas a la política energética de la 4T. Pero al Presidente no lo detiene ningún aviso en el camino, por el contrario, redobla el paso para revertir la reforma energética de Peña Nieto como símbolo del neoliberalismo y la corrupción del pasado, pero ahora sobre todo inoperante ante la caída de la producción de petróleo y desinversión en el sector. Aunque electoralmente costeable. Paradójicamente, la “huida” ocurre cuando el liderazgo presidencial es fuerte y las encuestas dan amplia ventaja a Morena para imponerse en las urnas. Además, tampoco se ven señales de presiones de EU por la defensa de las energías limpias o el perjuicio a sus empresas, dado que necesita una relación positiva con López Obrador para enfrentar la crisis migratoria. Cuáles eran las razones de profundizar la polarización con nuevos enemigos hacia las urnas si la reforma se planeaba para después de la elección.

Desde el segundo semestre de 2020, el Presidente pidió a su equipo una fórmula legal para revertir la reforma energética de 2014 sin cambio constitucional, al no contar con mayoría absoluta en el Congreso. Su aparato jurídico, la Secretaría de Energía y la CFE, encontraron en los “riesgos a la seguridad nacional, energética o para la economía” la justificación para la iniciativa. Pero lo más importante, en aquel momento el gobierno no aceptaba aún que su proyecto energético no podría salir por la caída de la producción de Pemex muy por debajo de la meta de 2,7 millones de barriles diarios en el sexenio. Ni tampoco había decidido concentrar la producción en la refinación de gasolina para reducir la importación, como anunció López Obrador en el pasado aniversario de la expropiación petrolera.

El gobierno “huye hacia adelante” para reforzar el control sobre la operación de los concesionarios del mercado de hidrocarburos, más que fortalecer la producción de Pemex. Y encuentra en la “seguridad nacional” los riesgos para construir enemigos de la soberanía que hagan de la elección una gesta de reivindicación de la riqueza nacional en la línea de exacerbar la polarización hacia las urnas. Su mayoría en el Congreso anticipa su aprobación, aunque nuevamente podría tropezar con los tribunales o el T-MEC si se abre la puerta a no respetar los contratos con los privados, pero la reacción sólo confirmaría en la narrativa oficial la campaña de los intereses particulares contra su gobierno por defender los bienes nacionales.