NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
¿Hacia dónde va la reforma judicial? A más de un año de la primera elección de juzgadores, sus efectos siguen abriendo frentes dentro y fuera del país. La votación cambió el modelo de justicia y reemplazó de golpe a la mitad de la judicatura, bajo promesa de recuperar su independencia y erradicar la corrupción. Sin embargo, el relevo no resolvió problemas de fondo y genera otros que cuestionan la autonomía del Poder Judicial. A estas alturas, el debate no debe limitarse a los errores de la reforma: urge definir qué corregir para frenar el deterioro de la justicia. La abrogación del acuerdo de evaluación del personal judicial y casos como el del juez Sigales son señales de control político sobre los juzgadores y el debilitamiento de su capacidad para impartir justicia. A ello se suma el caso del magistrado Luis Benítez Alcántara, detenido en Colombia y acusado por EU de recibir dos millones de dólares en sobornos para excarcelar a la mano derecha del narcotraficante canadiense Ryan Wedding.
La reforma avanza por ensayo y error, pero dejando al descubierto sus vulnerabilidades. Organizaciones internacionales de jueces mantienen sus advertencias sobre la independencia judicial. El mayor riesgo es descarrilar la carrera judicial y limitar la autonomía de los jueces. La reciente expulsión de México de la Unión Internacional de Magistrados, el mayor revés externo a la reforma, puso de relieve ese peligro. La organización, que reúne a jueces de 94 países y defiende la independencia judicial desde 1953, cuestionó el respaldo a la elección judicial y la falta de garantías suficientes de autonomía. Rafael Guerra, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, no logró persuadir a 80% de sus integrantes, que votó contra la permanencia de México.
El enemigo de la reforma no son los jueces —como llega a oírse del oficialismo—, sino su cooptación. A la presión del crimen y la corrupción se suma la subordinación al poder político mediante nuevos mecanismos disciplinarios. El panorama mundial tampoco alienta: según el World Justice Project, 62% de los países registra un retroceso en su sistema de justicia. En México preocupan, además, la persistente impunidad del delito y las señales de extralimitaciones del Ejecutivo.
El caso del juez Sigales es emblemático. El Tribunal de Disciplina lo inhabilitó después de que Sheinbaum lo acusara públicamente de “liberar delincuentes” y enviara una carta a la Corte. La sanción no se basó en una presunción de corrupción con delincuentes, sino en su criterio para reducir penas; que es discutible, pero sancionarlo por aplicarlo envía una señal de amenaza a la autonomía judicial. El paro de trabajadores contra las sanciones derivadas de la evaluación del desempeño exhibió la falta de reglas claras y garantías para los evaluados; y la falta de conocimientos que denuncian de los encargados de evaluarlos añade riesgos a la carrera judicial.
Ante las protestas, la Corte abrogó el acuerdo y ofreció rediseñar la evaluación con apoyo de expertos. La rectificación debería traducirse en criterios transparentes, procedimientos imparciales y garantías de defensa, además de alentar al gremio judicial a adoptar estándares internacionales y salvaguardas para su independencia. La nueva Corte presenta como logros la resolución de casos y la eliminación del rezago de expedientes, y su compromiso de dar certeza a la inversión y acabar con los privilegios del pasado. Pero resolver rápido no equivale a juzgar con independencia ni la austeridad justifica debilitar la carrera judicial, menos los choques en el Pleno.
La ciudadanía sigue percibiendo a los jueces lejanos e inaccesibles, cuando no susceptibles de negociar la ley mediante la corrupción. La incertidumbre sobre las evaluaciones, las sanciones y posibles cambios laborales alimenta esa desconfianza. La elección judicial, con baja participación, tampoco generó mayor interés ciudadano por la justicia. Frenar el deterioro exige someter al escrutinio público las decisiones del Poder Judicial, sus órganos disciplinarios, criterios de evaluación y sus resultados. El principal riesgo de la reforma no es solamente la ineficacia o errores de instrumentación, sino que los nuevos mecanismos de disciplina deriven en control político. Nada sería peor que una justicia sin jueces.
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