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Sin aviso previo, con el sigilo de las cosas importantes, Omar García –el funcionario más presentable de la administración actual– se reunió por enésima ocasión con el director de la Agencia Contra las Drogas de los Estados Unidos, Kenneth Cole (DEA), con quien solo le falta ir al cine.
A pesar de los desencuentros reales o aparentes con la DEA desde el Palacio Nacional y las pataletas soberanistas, la realidad es muy simple: sin la intervención de los agentes estadunidenses (tolerados, clandestinos o ambos), México no podría contra el narcotráfico debido al involucramiento de tantos cuadros políticos como hay, por mucho como se quería disimular en Chiapas, Oaxaca o Sinaloa. En cualquier parte.
Los asuntos del narcotráfico en México se deciden allá; los grande Capos purgan sentencias allá, los lineamientos generales se deciden allá. La verdad es sencilla y una; sin complicidad con las fuerzas de seguridad, no se podría sostener la estructura del crimen organizado. Ambos se organizan entre ellos.
La información más cercana nos dice:
“El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó en su cuenta de X que se reunió este lunes con el director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, para revisar el intercambio de información sobre estructuras criminales, asuntos pendientes de cooperación bilateral y casos de extradición.
El secretario aseguró que el encuentro de ambos funcionarios se produjo tras varias detenciones recientes de presuntos líderes del narcotráfico en México con información aportada por la DEA, como la de Rafael Álvarez Ayala, alias R2, capturado el domingo y requerido por Estados Unidos, así como la acusación formal de un gran jurado federal del Distrito de Columbia contra Iván Cazarín Molina, El Tanque, por tráfico de cocaína y metanfetamina hacia ese país, ambos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”.
De lo anterior se debe destacar una línea en cuya simplicidad se explica el funcionamiento del aparato mexicano de seguridad: INFORMACIÓN APORTADA POR LA DEA.”
De acuerdo con datos del dominio público, en México hay cerca de 70 agentes de esa agencia registrados y autorizados para trabajar aquí.
–¿Haciendo qué? Espiando, hurgando, fisgando, interrogando, corrompiendo, comprando informantes y cosas similares. Lo extraño es la enorme capacidad de tan pequeño grupo, el cual –dicen—es tan suficiente como para hacer todo lo que no pueden los órganos de seguridad nacional mexicanos.
Y en esa contabilidad no se agregan los otros agentes, los de la CIA (con sus drones y satélites); los del FBI. Todos están metidos aquí, pero la honra de la patria se salva con una sola frase marmórea: cooperación sin sumisión.
El problema no es la cooperación. El asunto notable es por qué se hace lo que ellos informan que se debe hacer y la pregunta concomitante: ¿si ellos no proporcionaran la información, las directrices y hasta algunas de las armas, lograría México los éxitos de combate hasta ahora registrados, especialmente cuando se acabó la patraña cómplice los abrazos sin balazos?
Dicho de otra manera: ¿la seguridad pública es un asunto de maquila?
Este país pone la tropa (para evitar las suyas), pero los objetivos, la información y los alcances, son cosa de ellos.
Cuando fue muerto el célebre capo del CJNG, la ONG, “Mexicanos contra la Corrupción”, hizo el siguiente diagnóstico:
“Durante la tarde del 22 de febrero (2026), Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, publicó en su cuenta de X
un mensaje afirmando que Estados Unidos proporcionó apoyo de inteligencia a las autoridades mexicanas
para asistir en el operativo que culminó en el asesinato de Nemesio Oseguera Cervantes (“El Mencho”),
identificado como líder del CJNG.
“Al final de su publicación, Leavitt añadió que la Administración Trump “reconoce y agradece al Ejército Mexicano por su cooperación y la ejecución exitosa de esta operación.”
“De acuerdo con un reporte de Reuters, la inteligencia habría sido proporcionada por la Fuerza de Tarea
Interinstitucional Conjunta-Contra Cárteles (Joint Interagency Task Force-Counter Cartel, JIATF-CC),
instalada formalmente apenas en enero de 2026 y que opera bajo el Comando Norte de los Estados Unidos (USNORTHCOM).
“Con todo, los autores enfatizan, con base en fuentes oficiales, que la ejecución del operativo correspondió exclusivamente a las fuerzas armadas mexicanas”.
Evidentemente México se coloca en un segundo plano, como si no fuera capaz de obtener por sus propios medios institucionales la información que otros encuentran en su territorio.
Pero la fraseología del régimen pretende disfrazar hechos tan relevantes como el dominio desde el Comando Norte –denominación estadunidense para englobar regionalmente su poderío militar–; o la obligatoria asimilación a la Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta-Contra Cárteles (Joint Interagency Task Force-Counter Cartel, JIATF-CC) y obviamente la incesante actividad de las añejas agencias siempre en operación dentro del territorio nacional –insisto— toleradas, conocidas, disimuladas o resignadamente admitidas, la CIA y la DEA.
A cambio de tolerar, pactar, negociar, compartir y hasta beneficiarnos de su actividad oramos el fervorín: sin sumisión, con respeto a la soberanía, etc, etc.…
Las cosas son como son, aunque las digamos de otra manera
El lenguaje es claro:
“Como parte de la colaboración y coordinación con el Gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad, y con base en los cuatro principios de respeto a la soberanía e integridad territorial; responsabilidad compartida; respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación, sostuve una reunión de trabajo con el Director Terrance Cole, @DEATerryCole, titular de @DEAHQ.
“En este encuentro, programado desde finales de octubre, revisamos las prioridades de intercambio de información sobre estructuras delictivas, investigaciones financieras, solicitudes de colaboración pendientes y seguimiento de asuntos de extradición por conducto de las autoridades competentes.
“Coincidimos en la importancia de fortalecer las investigaciones contra las redes criminales que generan violencia, avanzar en la detención de objetivos prioritarios para ambas naciones, frenar el tráfico ilícito de armas hacia México e impedir el flujo hacia nuestro país de recursos provenientes de la venta de drogas destinados a las organizaciones criminales, así como combatir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
“Estos trabajos se enmarcan en la Estrategia Nacional de Seguridad y se desarrollan con apego a la legislación de ambos países.
“Las acciones en territorio mexicano corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas, en el ámbito de sus respectivas competencias. Cómo parte del Gabinete de Seguridad @GabSeguridadMX.”
Aun cuando hay diferencias sustanciales con la Iniciativa Mérida alcanzada por Felipe Calderón, algunas cosas nos hacen recordarla. El equipamiento, por ejemplo.
“La Iniciativa Mérida* se distingue de las pasadas acciones bilaterales, al ser una medida promovida por el gobierno mexicano y no por el estadounidense, como era la costumbre hasta ese entonces.
“En este sentido, el acuerdo establecía el concepto de responsabilidades compartidas. Así, el 22 de octubre de 2007 el presidente George W. Bush solicitó a la Cámara de Representantes de su país 500 millones de dólares para financiar una nueva iniciativa de cooperación en materia de seguridad con México y los países de Centroamérica para combatir las amenazas del narcotráfico, la delincuencia trasnacional y el terrorismo en el hemisferio occidental.
“Cabe resaltar que esta petición era congruente con lo establecido en la Ley Patriota (Patriot Act), que se aprobó después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, referente a las facultades de seguridad dentro y fuera de su territorio. En este sentido, se propuso distribuir los recursos económicos de la siguiente forma:
“Equipos de inspección no intrusivos, escáneres iónicos y unidades caninas para la aduana mexicana, la nueva policía federal y para la intercepción militar de drogas, armas y víctimas de trata de personas.
“Tecnología para mejorar y asegurar los sistemas de comunicación para apoyar la recolección de datos.
“Helicópteros y aviones de vigilancia para apoyar las actividades de intercepción.
“ (además) una asistencia para México por un total de mil 600 millones de dólares repartidos en un lapso de tres años, esto mediante la transferencia de equipo, principalmente militar e informático, así como la creación de programas de capacitación e intercambio de información para fortalecer las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad en México, la coordinación interinstitucional y la cooperación internacional para reducir la violencia, combatir la impunidad, debilitar las estructuras criminales y proteger a la población…”, se decía entonces.
Hoy se dice de otra manera:
“El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, informó que los 11 helicópteros Black Hawk, cuya venta a México fue autorizada por EU, por un monto estimado de mil 75 millones de dólares, llegarían al País hasta 2028 o 2029.
“Aunque el Gobierno estadounidense aprobó la operación el pasado 6 de noviembre, el General precisó que la adquisición está en trámite”.
Nos dan el remedio y el trapito.
Un helicóptero de esas características, entre los adquiridos como parte del muy criticado Plan (Iniciativa) Mérida, fue derribado por gente del CJNG. Era parte de las deudas del “Mencho” con el Ejército el cual finalmente lo abatió (mató o asesinó, como se quiera decir), en tierras jaliscienses.
*Perla Zoraida Barrreda.
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