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NÚMERO CERO/ EXCELSIOR

La aprobación del plan B del Presidente cierra un capítulo del juego de fuerza por la reforma electoral y la resistencia opositora a “tocar el INE”. Nadie quedó conforme con el resultado, poniendo en duda su eficacia y, peor aún, anticipa que la batalla seguirá como tema de litigio político hacia 2024. Sin consenso, es una invitación a cantar fraude.

Como crónica anunciada, la iniciativa de reforma constitucional de López Obrador fue desechada por el bloque opositor, pero el mismo día empujó en San Lázaro su plan B sólo con el voto de Morena y aliados. Un triunfo para ocultar la derrota con alcances mucho menores a la propuesta original. Aunque suficiente para justificar un recorte por 3,500 millones en el presupuesto de 2023, con una reestructura del INE y del TEPJF.

El gasto del INE ha sido una causa de guerra de la 4T y, en muchos sentidos, con razón. Pero la batalla se convirtió en derrumbar aquel eslogan en que se envolvió la oposición. Este trofeo es suficiente para saltarse los procedimientos legislativos con una votación fast track, a la que el PRI allanó el camino sin tiempo para analizar la iniciativa en el Congreso.

Su saldo es la primera reforma electoral sin consenso en cuatro décadas, lo que deja ver hasta dónde cayó en desuso la vieja premisa de la confianza para hacer cambios a las reglas del juego que obliguen a todos los partidos a aceptarlas y comprometerse con los resultados electorales.

Los tiempos que corren no son los del acuerdo entre partidos, sino de la imposición, en que lo único que vale es beneficiar el poder, ya sin simular respeto a la vieja pluralidad, aunque fuera acotada. El plan B ofrece ejemplos de ello, como la reinterpretación de la propaganda para reducir las restricciones a candidatos y funcionarios públicos, cuando, antes, el obradorismo las empujó desde la oposición para silenciar al poder público cuando no le convenía su intervención en las campañas.

Pero la reforma no cerrará la batalla por el INE. Por el contrario, tendrá importantes consecuencias para su funcionamiento por la compactación de su estructura y un tribunal más acotado para la guerra sucia y la intervención de gobiernos estatales y funcionarios en las elecciones. Si bien ninguna institución es intocable como si fuera un fetiche o sirva de trinchera de resistencia opositora, la reforma abre la puerta a regresar a la institución al centro del litigio electoral.

Sin una reestructuración adecuada, bajo la segueta de la austeridad, ¿quién cargará con sus fallos? La falta de consensos y el debilitamiento estructural del INE lo colocan en una posición vulnerable. A la hora de validar los resultados, la oposición reclamará el “golpe” al INE si no le favorecen y el gobierno atribuirá un balance negativo en las urnas a la falta de una reforma constitucional. La culpa será del árbitro, como suele ocurrir en los partidos rijosos y sucios, como se avecina en 2024.

Pero, sobre todo, porque dinamitar los acuerdos resta compromiso a los partidos con las reglas del juego. Ya tenemos una probada de ello en la disputa interna de las corcholatas hacia la candidatura de Morena antes del banderazo de la campaña con la propaganda de Sheinbaum en las calles. La aparición masiva del eslogan “Es Claudia” en pintas de bardas en las ciudades confronta al gobierno con el INE antes de que apliquen las nuevas disposiciones para la propaganda que, en su momento, chocarán con restricciones, como el artículo 134 constitucional que no pudo ser modificado. Sheinbaum, a regañadientes, aceptó deslindarse de ese hashtag como le exigía el INE, pero es un botón de muestra de las tensiones que persistirán sobre la responsabilidad de gobiernos estatales y funcionarios públicos en el manejo de recursos del erario para desviarlos a las campañas.

En el tour de fuerzas en las calles, en los medios y en el Congreso, lo que finalmente parece imponerse es la lógica de ganar a toda costa, aun si se afecta la equidad y certidumbre de las elecciones. El largo año que la discutieron en el Congreso podría haber dado lugar a consensos para el objetivo loable de reducir el costo de las elecciones y la política, pero no son tiempos para el acuerdo, sino para la confrontación. Al tiempo…