Imagine el lector un mercado árabe.
O La Merced, para no ir tan lejos y de todas formas ver un panorama familiar.
Pero con una bodega especial, donde la especialidad son medicamentos diversos, insumos hospitalarios y equipos médicos de uso común.
Este almacén está en la planta baja del edificio de la todavía Secretaría de Salud (SSA), donde debería despachar su titular Jorge Alcocer.
Pero él ya poco va por ahí.
En su lugar hay personal del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), a cargo del tabasqueño Juan Antonio Ferrer.
El equipo del especialista en acerbo prehistórico, arqueológico, antropológico e histórico del país tiene vigilancia multilateral.
Lo acompañan gente de administración y finanzas de los distintos organismos gubernamentales para el cuidado y la garantía de salubridad.
SSA, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos, Marina, Ejército y por supuesto secretarios estatales de salud.
CON CARGO A LOS ESTADOS
Entre todos destacan unos: los representantes del Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Con el personal designado por Raquel Buenrostro, ojos y vigilancia presidenciales en el manejo de los recursos públicos, se cierra el círculo de control ante la mirada de personal de la Oficialía Mayor de Hacienda designado por Thalía Lagunes.
Los visitantes llegan y piden dotaciones de insumos hospitalarios, médicos e instrumental para atender a sus derechohabientes.
Los administradores del Insabi determinan cuotas bajo la mirada de los demás representantes institucionales y el SAT hace las restas de las participaciones federales.
Los peticionarios salen seguros de recibir cuanto les prometieron, pero les llegan tarde a través de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) o de la Marina (Semar).
Regularmente tarde y con errores.
Por ejemplo, un estado pidió analgésicos para pacientes intubados y, con cinco días de retraso, le suministraron pomadas en lugar de inyecciones.
Acotación: de nada sirven pomadas o pastillas a quien se bate contra la muerte.
Pese a estos inconvenientes, el panorama empieza a mejorar porque, como se informó ayer en Palacio Nacional, se ha comprometido la entrega de las medicinas de manera paulatina.
Lo que no se dijo: no es un abasto suficiente ni hay garantía de largo plazo e internamente este reparto se hace de manera tan rústica como el añoso Mercado de La Merced.
PRI: CAMARILLA A PRUEBA
1.- El viernes adelantamos sobre nuevos frentes para exigir cambios en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El grupo encabezado por Fernando Lerdo de Tejada, José Encarnación Alfaro, José Ramón Martel, Rosario Guerra y otros, se suma al de Ulises Ruiz.
Otros aparecerán más adelante con reclamos similares.
Ulises pide la salida inmediata de Alejandro Moreno, Alito, y los demás matizan su planteamiento con una dirección colegiada de transición.
Pero todos hablan de la convocatoria casi inmediata a una Asamblea Nacional para refundar al PRI -con nuevo nombre y logotipo si es necesario- para democratizarlo.
Quienes ahora están en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), coinciden, deben irse a la Cámara de Diputados para legislar de tiempo completo.
Ellos, su grupo y sus familiares se repartieron las diputaciones federales plurinominales en demérito de la militancia y de cuadros con aspiraciones.
El punto de partida para un cambio de fondo, dicen con mucha lógica, debe comenzar con la elaboración de un padrón confiable.
Y 2.- Aquí hemos descrito la ineficiencia de la UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos).
Ayer lo confesó el Gobierno federal: en 37 días las instituciones de salud pública adquirieron 950 claves, lo cual no pudo hacer la UNOPS en diez meses.