Al argumentar que es imperativo dar un marco legal a la actuación de las Fuerzas Armadas en sus labores en las entidades federativas en su combate al crimen organizado, mandatarios estatales pidieron al Senado aprobar la Ley de Seguridad Interior.
Al sostener una reunión gobernadores del PRI, PAN y PRD con integrantes de las comisiones unidas de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos Primera, advirtieron que sería “un grave riesgo a la seguridad nacional” retirar a los militares de sus tareas contra organizaciones criminales.
La ley no militariza al país, no invade competencias locales ni transgrede los derechos humanos ni las garantías individuales, aseguraron.
Precisaron que no se criminaliza la protesta social y señalaron que es una exigencia ciudadana restablecer la seguridad, para ello, se necesita toda la fuerza del Estado y contar con policías certificadas.
Mencionaron que con la participación del Ejército se ayudaría a revertir institucionalmente la debilidad que tienen todavía los tres niveles de gobierno en tareas de seguridad.
En el marco del análisis de la Ley, ocho ejecutivos estatales expresaron sus opiniones respecto a la minuta referida.
Al respecto, el gobernador panista de Durango, José Rosas Aispuro, dijo que la nueva ley no busca sustituir a las autoridades civiles y menos militarizar al país, sino mejorar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, por una mayor seguridad.
Consideró que con esta nueva legislación los mandatarios estatales no están abandonando su responsabilidad en materia de seguridad pública.
“Pero al vernos rebasados en algunos casos por la debilidad institucional de las corporaciones policiacas, indudablemente que eso pasa o transgrede la seguridad interior y en esa parte es donde necesitamos que el Ejército mexicano pueda tener un marco jurídico, que le permita actuar con toda certeza».
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, también respaldó la Ley de Seguridad Interior, pero acotó que deben revisarse algunas disposiciones que podrían estar rebasadas incluso a lo que han solicitado las Fuerzas Armadas como es el caso de la coordinación en las tareas de seguridad.
Para el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, es urgente la aprobación de este marco legal, que permita apoyar a estados y municipios en el combate al crimen organizado.
“Bajo las circunstancias en las que estamos actualmente, la presencia de las Fuerzas Armadas en las entidades federativas se da en el marco de un vacío legal. Este vacío no tiene más que generar incertidumbre”.
“A los gobiernos estatales les da opción de evadir su responsabilidad de brindar seguridad con sus fuerzas civiles. A los militares les genera angustia, pues caminan a ciegas, haciendo frente a una batalla en la que ellos no pidieron estar”, argumentó.
Sin embargo, reconoció que la Ley de Seguridad Interior no resolverá por sí misma el tema de la inseguridad en estados y municipios, ya que se requiere la Ley de Mando Policial Único, sobre todo en regiones en donde hay una penetración del crimen organizado en los cuerpos policiales.
Por su parte, el gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, afirmó que es necesario contar cuanto antes con la Ley de Seguridad Interior, pues ello no implica que las Fuerzas Armadas estarán de manera cotidiana en las calles.
El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, respaldó el nuevo marco legal, toda vez que en la entidad -afirmó- son los delincuentes quienes violan los derechos humanos mientras que el Ejército Mexicano y la Marina han sido leales con el pueblo guerrerense.
A su vez, el gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, coincidió en que es necesaria esta ley, considerando el crecimiento de los índices delictivos en los últimos años.
“Me parece que una ley que otorgue certeza jurídica a las intervenciones en materia de seguridad interior, con la adecuada regulación de sus implicaciones, alcance y duración”.
Recordó que la eventual intervención de fuerzas federales iniciará “a petición expresa de autoridades claramente definidas y con criterios precisos acerca de su conclusión. Sin olvidar el respeto irrestricto a los derechos humanos, puede ofrecer un marco adecuado para construir un nuevo modelo de participación de las Fuerzas Armadas en estas importantes tareas”.
Al hacer uso de la palabra, el presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero Arroyo, destacó la labor del Senado por llevar a cabo un ejercicio democrático en el que se escucha a todos los actores antes de dictaminar una ley. “Hemos hecho las cosas con mucha responsabilidad y me da mucho gusto que sigamos en esa lógica”.
Señaló que esta reunión reviste la mayor relevancia, en la que se encuentran, dijo, los actores centrales de esta ley, los gobiernos locales, que enfrentan amenazas a la seguridad interior en cada uno de sus estados y donde las familias están siendo amedrentadas por la delincuencia organizada, “qué mejor que escuchar su opinión antes de que dictaminemos”.
Celebro el liderazgo de los presidentes de las comisiones correspondientes, de la senadora Cristina Díaz y del senador Fernando Torres Graciano, para llevar a buen término esta discusión y sobre todo que podamos dictaminar lo mejor para el país, concluyó.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política, Ana Lilia Herrera Anzaldo, dijo que el poder Legislativo tiene la responsabilidad de dar vida a un marco normativo que dote de certidumbre tanto a ciudadanos como al Estado, respecto de su actuación ante las distintas amenazas a la seguridad.
“La seguridad interior es una responsabilidad que compete a todo el Estado Mexicano y es nuestro deber, desde nuestras respectivas atribuciones, trabajar sin descanso para preservar la gobernabilidad y la tranquilidad de la sociedad”.
Nuestras Fuerzas Armadas han sido piedra angular en la defensa de todos los mexicanos en la defensa de toda la sociedad, por lo que debemos reconocer su trabajo, dotarles de certeza jurídica en esta noble labor que realizan, para que actúen bajo un esquema bien delimitado, que sea conocido por todas y por todos.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salazar, aseguró que la Ley de Seguridad Interior no se centra en el detalle, sino que remite a otros marcos jurídicos donde, ya se encuentran previstas sus consideraciones y, asimismo, la supletoriedad que es aplicable.
Subrayó que la Ley regula la función del Estado Mexicano, para atender los riesgos y amenazas y observa los principios de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gradualidad, así como las obligaciones relativas al uso legítimo de la fuerza.