· La fallida comparecencia de representantes de la FGR y la UIF ante la Comisión de Transparencia que llegaron solo para responder que “no podían brindar ninguna información porque se dañaría el debido proceso”, se suma a las pifias jurídicas y vergüenzas políticas que ponen en evidencia la falta de limpieza con la que se está actuando en la denuncia contra el gobernador, afirma Antonio Ortega
· Errores involucran a la Secretaria General de la Cámara, Graciela Báez Ricardez; a Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena; al Presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Óscar González Yáñez (PT) y, a personajes por identificar de la Sección Instructora que –indebidamente- han filtrado información contenida en el expediente y la carpeta de investigación, sostiene
· La parte demandada puede reclamar ante un Tribunal, que las autoridades involucradas incumplen el debido proceso y solicitar que se dé por terminada la querella, precisa
“En la fallida comparecencia que hoy sostuvieron representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda con integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados para responder que: “no podían brindar ninguna información porque se dañaría el debido proceso”, se ligó un rosario de tropezones, errores, pifias jurídicas y vergüenzas políticas que ponen en evidencia la falta de limpieza, certezas, y la irresponsabilidad con la que se está actuando” desde este recinto en torno a la denuncia de desafuero presentada contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, denunció el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD).
A través de Antonio Ortega Martínez, el GPPRD afirmó que estos errores involucran a la Secretaria General de la Cámara (Graciela Báez Ricardez); al coordinador de la mayoría parlamentaria de Morena (Ignacio Mier Velazco); al Presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción (Óscar González Yáñez, PT) y a personajes por identificar de la Sección Instructora que, indebidamente filtraron –desde el primer momento- información del expediente y la carpeta de investigación, lo que puede permitir a la parte acusada, reclamar ante un Tribunal el incumplimiento del debido proceso y dar por terminada la querella.
Ortega Martínez recordó que la primera falla se dio cuando, sin informar a la Mesa Directiva, la Secretaría General de la Cámara de Diputados, a cargo de Graciela Báez, informó al líder de la bancada de Morena, Ignacio Mier, sobre la solicitud del “Juicio de Procedencia” contra García Cabeza de Vaca e, indebidamente, el legislador lo público en sus redes sociales, además de que fueron filtrados elementos de la querella.
Otro descuido, expuso, fue la inexistencia de la carpeta del expediente que debía acompañar la solicitud, pues no la hubo, lo que quedó evidenciado cuando el gobernador acudió a solicitar copia del mismo para conocer de qué se le acusaba, y la respuesta fue que “no había en ese momento, ninguna carpeta en posesión de la Cámara”.
Finalmente, recalcó, la convocatoria de este miércoles en la Comisión de Transparencia los funcionarios se presentaron solo para decir que “no podían brindar ninguna información”, aunado a filtraciones reiteradas con claras intenciones políticas, que no hacen más que dar una connotación electoral a este caso.
Ortega Martínez, quien forma parte de los comités de Ética y Decanos en este recinto, precisó que las y los legisladores debieran estar al tanto de que (conforme al Código Federal de Procedimientos Penales) la investigación, los documentos, dichos, pruebas y declaraciones, son de carácter reservado; nadie puede tener acceso a ellas más que las partes involucradas para hacer uso de su derecho de querella y de defensa.
Concretó en este sentido que la Sección Instructora es la única facultada por la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados como instancia para sustanciar la solicitud de desafuero contra el gobernador, no la Comisión que encabeza el petista y aliado de Morena, Óscar González.
“Cualquier información derivada en la investigación está prohibida para su difusión y, por lo tanto, hay razones para argumentar ante tribunales jurisdiccionales que el debido proceso se ha ensuciado, que está torcido, y que detrás de la ‘ingenuidad’ con la que están actuando las autoridades del Ejecutivo Federal y de la Cámara de Diputados, se confirma una intención político-electoral, lo que evidencia irresponsabilidad, poca seriedad y desconocimiento de las normas que sostienen dichos procedimientos en esta soberanía”, remató.