El Poder Judicial se ha caracterizado por mantener un cierto separatismo del debate público
NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
Los magistrados y jueces hoy gozan del mayor poder que hayan tenido en la historia del país, también de la mayor responsabilidad en decisiones trascendentes y equilibrio de poderes. Sus fallos lo mismo generan saltos cualitativos hacia el futuro con la defensa de derechos como en el consumo de mariguana, que cuánticos al pasado con la protección al gobierno de Peña Nieto y su gabinete para no ser investigados por corrupción. Son cada vez más activos en el control de otros poderes, pero es una incógnita su papel de contrapeso institucional ante la concentración de poder del próximo gobierno.
Falta de transparencia. El Poder Judicial se ha caracterizado por mantener un cierto separatismo del debate público, a pesar de decidir sobre asuntos fundamentales como la constitucionalidad del total prohibicionismo que criminaliza el consumo de cannabis o el uso de instrumentos, como el amparo, donde se resguarda la autoridad para evadir indagatorias sobre corrupción. En los últimos días, dos fallos casi simultáneos, pero con sentido opuesto, vuelven a poner sobre la mesa los diferentes criterios dentro de la Corte para juzgar casos que inciden tanto en reformas a las leyes de Salud y de seguridad como en la efectiva rendición de cuentas de los gobernantes.
En el primero, la SCJN amparó a tres ciudadanos que denunciaron la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Salud por violar el derecho a consumir mariguana. La decisión sienta jurisprudencia por ser la quinta demanda que avala el máximo tribunal y ello supone un avance decidido hacia la despenalización del uso recreativo de la cannabis. El fallo socava los cimientos del prohibicionismo en favor del desarrollo de la personalidad, es decir, de la libertad de la persona para tomar sus propias decisiones; y se convierte en un emplazamiento al Congreso para la regulación de una sustancia en la lista negra de la “guerra contra las drogas”.
En cambio, en el otro caso, el ministro Eduardo Medina Mora ordenó suspender cualquier averiguación sobre corrupción del gobierno de Peña Nieto en detrimento del derecho ciudadano a saber el manejo de recursos públicos de una administración marcada por escándalos y desviación de recursos públicos. La admisión de un amparo de la Presidencia por las investigaciones de la Fiscalía de Chihuahua sobre el desvió de recursos del PRI en el estado quita la oportunidad a los ciudadanos de conocer la responsabilidad del gobierno federal en posibles ilícitos y ofrece una protección a abusos de autoridad.
El conocimiento de los criterios del máximo tribunal es fundamental para saber el rol que jugará como contrapeso institucional frente al próximo gobierno. Si en su seno se impondrán posiciones liberales que privilegien la expansión de derechos ciudadanos, incluso contra los dictados del poder político o, juicios conservadores en favor de contemporizar con las razones de la autoridad o el statu quo. La cuestión adquiere especial relevancia por la próxima renovación en la SCJN y el equilibrio de criterios (y poderes) a su interior con la salida de dos de los 11 ministros del pleno, Jose Ramón Cossío y Margarita Luna Ramos, así como la elección de su próximo presidente.
Cossío está situado en el ala liberal de la Corte y llegó de la academia, mientras que Luna Ramos es reconocida por sus criterios conservadores y proviene de la carrera judicial, pero lo importante en sus sustituciones será la propuesta de perfiles independientes y a distancia de los partidos o del gobierno que eviten la llegada de ministros ampliamente cuestionados como con el exprocurador Medina Mora de la mano del presidente Peña Nieto. El cambio del primero provendrá de una propuesta de Peña Nieto en presumible acuerdo con el Presidente electo, pues concluye su periodo antes del 1 de diciembre, mientras la segunda corresponderá a la próxima administración.
Cada vez son menos los conflictos políticos y sociales que no transiten por los tribunales, aunque corresponda a otros poderes resolverlos. Pero el rol de la Corte adquiere una relevancia aún mayor cuando hay un gobierno con la mayoría absoluta de su partido en el Congreso, como sucederá a partir del próximo 1 de diciembre.